Presentan plan de explotación compartida de reservas de crudo


Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, anunció las condiciones para la explotación del petróleo hallado dentro del territorio submarino de su paí­s. Como se esperaba, se favoreció a las compañí­as locales y al Estado, a fin de evitar que transnacionales exploten los pozos. FOTO LA HORA: AFP EVARISTO SA

Brasil adoptará un formato de contratos compartidos entre el Estado y privados para la explotación de sus enormes reservas petroleras ubicadas bajo la capa de sal de la plataforma marí­tima, informaron las autoridades.


Vista de un pozo explotador de petróleo ideal, según las previsiones de Petrobras. FOTO LA HORA: PETROBRAS.COM.BR

El anuncio, muy esperado por el mercado, indica que el gigante sudamericano detentará el control de estas millonarias reservas de crudo, pero abrirá las puertas a la participación de privados, dado que se trata de petróleo de difí­cil y muy cara extracción.

El nuevo marco regulatorio fue presentado por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en un acto en Brasilia, tras meses de discusiones en el gobierno y luego de que la estatal petrolera Petrobras anunciara sus lineamientos generales en una nota al mercado.

Con este modelo de producción compartida, el Estado permanecerá como propietario del crudo extraí­do y las empresas que participen de la operación serán remuneradas con parte de ese petróleo.

Esas reservas, dijo Lula, constituyen «un pasaporte al futuro» y por ello era necesario un marco regulatorio especí­fico para explotarlas, diferente al de la ley de Petróleo de 1997 que terminó con el monopolio de la estatal Petrobras y estableció el modelo de concesiones, que seguirá vigente para los demás yacimientos.

En función del esquema planteado por el gobierno, que ahora deberá ser discutido por el Congreso, Petrobras conservará una participación mí­nima de 30% en la explotación del petróleo hallado por Brasil en aguas profundas, que también estará abierta a la participación privada mediante licitación, explicó la empresa.

Despejando una incógnita para los mercados, la petrolera estatal precisó que, si bien será la operadora de los yacimientos y tendrá el control operativo de los bloques de producción, el Estado federal podrá «contratar exclusivamente» a la firma o «realizar licitaciones con libre participación de las empresas» privadas para explotar las ricas reservas.

«En las áreas que fueran licitadas, se asegurará a Petrobras una participación mí­nima de 30%» y además «la compañí­a podrá participar de los procesos licitatorios» en competencia con las firmas privadas, y aumentar así­ su participación en las ganancias, explicó en un comunicado.

Las empresas ganadoras de las licitaciones serán aquellas que otorguen más beneficios al Estado federal, señaló Petrobras -una firma que tiene 40% de su capital cotizado en bolsa- en su explicación a los inversionistas.

El proyecto prevé además la creación de una nueva empresa estatal de gestión, encargada de representar al Estado en la negociación de los contratos para compartir la producción. Esta empresa, aclara el comunicado, no realizará tareas de exploración o extracción, ni inversiones, pero participará en los comités que definirán las actividades de los adjudicatarios.

El presidente Lula recordó que aún no es posible saber con exactitud cuántos millones de barriles estarán disponibles en las reservas del llamado «pre-sal» (por debajo de la capa de sal del fondo marí­timo), pero sostuvo que «con seguridad colocarán a Brasil entre los paí­ses con mayores reservas petroleras en todo el mundo».

Los estudios preliminares muestran la existencia de al menos 14 mil millones de barriles de crudo de excelente calidad, aunque los peritos suponen que la cifra podrí­a ascender a 50 mil millones de barriles. Esas reservas se encuentran ubicadas en un rango de 5 mil a 7 mil metros de profundidad.

El plan de gestión para el petróleo en aguas ultraprofundas será enviado ahora al Congreso con carácter de urgencia, y por lo tanto deberá ser sometido a votación por primera vez en la Cámara de Diputados en un plazo de 90 dí­as.