La Dirección de Probidad Administrativa sería el ente encargado de fiscalizar los bienes de los funcionarios antes de asumir el puesto y rendir cuentas al dejarlo, según una iniciativa de ley, presentada hoy.
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La diputada Nineth Montenegro, presidenta de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, presentó la iniciativa de ley de probidad administrativa, ésta pretende separar la función de la Contraloría General de Cuentas para que se dedique únicamente a la fiscalización del presupuesto y del gasto público.
Todo lo que corresponda a declaración jurada y rendición de cuentas del gasto y obtención de bienes de los funcionarios públicos dependerá de una dirección autónoma y descentralizada que pretende crear la iniciativa de ley bajo el mismo nombre en el artículo 16.
«Lo que queremos hacer con esta ley es que la declaración de cada funcionario sea una realidad y que la propia Contraloría sea fiscalizada», menciona Montenegro al explicar la importancia de los bienes que tienen las personas antes de optar a un cargo público y al momento de entregarlo.
La comisión en mención será nombrada por el Congreso de la República a través de una terna y contará con una persona que funja como director y tenga presupuesto propio.
En la propuesta que se presentó se explica que esta persona será la encargada de fiscalizar todas las fases de la declaración jurada de los empleados del Estado, y de ser necesario accesar a las cuentas bancarias si existieran dudas de algún enriquecimiento anómalo. También se contempla la separación del cargo.
La fiscalización, como se detalla, se hará en los primeros 30 días de haber asumido el cargo la persona y los últimos 30 días antes de que entregue su puesto.
COMPLEMENTO
Montenegro hace notar que si se logra la aprobación de la ley contra el enriquecimiento ilícito que se encuentra en sus lecturas, la de probidad administrativa sería un complemento, ya que la primera únicamente tipifica el delito de enriquecimiento ilícito y dice quiénes son vulnerables en caer en el, sin embargo, la segunda desarrolla qué institución autónoma tendría que ser la designada de fiscalizar las cuentas de los funcionarios públicos. Las personas individuales también entrarían en la fiscalización, toda vez que manejen fondos públicos, como lo son las ONG´s y empresas privadas. Las sanciones que especifica la ley van de los 3 a los 20 años de prisión.
«Creemos que puede ser una opción, sobre todo en este período electoral donde se da el abrazamiento de los cargos por parte de muchos funcionarios», dice la legisladora.
Hasta el momento, dicha propuesta no será presentada por el pleno hasta lograr complementarla con sugerencias hechas de parte de organizaciones civiles.