La iniciativa de ley que busca regular la venta de gas propano y obligar a las empresas distribuidoras a indemnizar por concepto de daños a viviendas o muerte de personas a consecuencia de explosiones por fugas, debe retornar al pleno del Congreso para su aprobación.

Así­ lo expresó el diputado Roberto Alfaro, de la bancada Encuentro Por Guatemala, al considerar que luego de haber sido retirada de agenda parlamentaria la citada iniciativa debe de recibir las modificaciones del caso en la comisión de Energí­a y Minas y nuevamente ser trasladada al pleno.

Ante la falta de acuerdos en torno a la polémica ley que incluso continúa generando publicaciones a través de campos pagados en los medios de comunicación de cobertura nacional, generó que esta saliera de agenda legislativa al señalar a los diputados de la citada comisión de pretender favorecer a determinada empresa distribuidora de gas propano y retornó a la comisión para un nuevo análisis.

Mediante esta iniciativa presentada por el diputado Jorge Luis Ortega Torres, la cual además del pago por daños a viviendas y pérdida de vidas humanas, que cada empresa deberí­a invertir al menos 15 millones de quetzales en la compra de válvulas y cilindros para reemplazar los inservibles.

Surge nueva iniciativa…

Como resultado de esta situación el diputado Manuel Baldizón, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentó esta mañana una nueva iniciativa, mediante la cual de encontrar apoyo obligará a los importadores de gas propano a cancelar al ministerio de Energí­a y Minas seis centavos de dólar por cada galón de gas propano que ingrese al paí­s, del cual el 50% se destinará para la reposición de los cilindros y válvulas en mal estado y el otro 50% para dotar de estufas convencionales a familias de escasos recursos del interior del paí­s.

Un grupo de expendedores de este producto realizó una protesta en las afueras del Congreso en apoyo a la iniciativa de Baldizón, pero a criterio de otros parlamentarios estas personas fueron manipuladas por la empresa Tomza una de las cuales a toda costa evita invertir al menos 15 millones de quetzales en la compra de cilindros en mal estado y válvulas deterioradas y que han sido las principales causas de explosiones a causa de fugas.

A criterio del diputado Alfaro, la nueva propuesta es un tanto politiquera y solamente serí­a aprovechada para ganar votos en la próxima contienda electoral en favor de determinada organización polí­tica.

Además de ello es evidente que la ministra de Energí­a y Minas Carmen Urí­zar se opuso a la probación de la ley que presentó el diputado Ortega Torres, por lo que en la actualidad la población consumidora de este producto continúa desprotegida y a merced de cualquier tragedia a causa de los cilindros en mal estado.

Al momento se desconoce si la primera iniciativa será retornada al pleno para su discusión y aprobación, pues fue retirada al momento en que debí­a ser discutida en tercera lectura y redacción final para realizarle algunas modificaciones.