El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, presentó hoy su informe sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Darfur, con el fin de que los jueces lancen eventualmente órdenes de captura.
Un secretario de Estado sudanés y un jefe de las milicias djandjawid fueron los primeros acusados de crímenes en Darfur ante la CPI el martes, cuatro años después del inicio del conflicto que ha dejado hasta ahora de más de 200.000 muertos, según la ONU.
Las «pruebas muestran que Ahmed Harun, ex secretario de Estado del Interior de Sudán y Ali Kosheib (apodo de Alí Mohamed Ali, uno de los jefes de la milicia djandjawids), cometieron crímenes contra la población civil en Darfur», según un comunicado de la oficina del fiscal.
El fiscal los acusa de 51 delitos contra la humanidad y presuntos crímenes de guerra, entre ellos persecución, asesinato, tortura y violación, cometidos entre agosto de 2003 y marzo de 2004 contra ciudadanos del oeste de Darfur.
Los jueces examinarán las acusaciones y decidirán si son suficientemente sólidas para pedir los acusados a Sudán, país que no pertenece a la CPI, o si lanza órdenes de captura internacionales contra ellos.
Ahmed Harun, que actualmente se desempeña como secretario de Estado para Asuntos humanitarios, estaba encargado del expediente de Darfur en el ministerio del Interior.
Respecto a Ali Kosheib, es considerado por las organizaciones de defensa de derechos humanos, en especial por Human Rights Watch, como uno de los principales responsables de los ataques lanzados por las milicias en 2003-2004.
Los jueces de este primer tribunal permanente encargado de juzgar el genocidio, crimen de guerra y crimen contra la humanidad, con sede en La Haya, examinarán ahora las «pruebas».
El lunes Sudán negó a la CPI cualquier competencia para abordar asuntos relacionados con Darfur.
«La posición de principio de Sudán es que esta corte no puede tener ninguna competencia cuando se trate de juzgar a sudaneses», declaró el ministro de Justicia Mohammed Ali al-Mardhi.
Luis Moreno Ocampo, que investiga desde el mes de junio de 2006, había declarado a la ONU que consideraba tener pruebas suficientes de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Su trabajo es sobre hechos ocurridos en 2003 y 2004, periodo considerado como el más violento en esta provincia sudanesa afectada por la guerra civil desde hace cuatro años.
«Mi oficina no puede investigar sobre centenares de crímenes y al mismo tiempo seguir persiguiendo a los autores de esos crímenes», había dicho en diciembre el Procurador.
«Me concentré entonces sobre los asuntos más graves y las personas con mayor responsabilidad en tales hechos», añadió.
Su equipo realizó más de 70 misiones en 17 países, estudió los casos de centenares de víctimas potenciales e hizo unas cien entrevistas con testigos, agregó.
Moreno Ocampo había sido criticado por organizaciones no gubernamentales y por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Louise Arbour, en especial porque sus investigadores no fueron directamente a Darfur, aduciendo problemas de seguridad.
La CPI puede actuar si una jurisdicción nacional no puede o no quiere hacerlo y por eso fue el Consejo de Seguridad de la ONU el que le pidió investigar.
Los crímenes que entran en la competencia jurídica de la Corte son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad como la exterminación, la esclavitud, la tortura, la violación, las persecuciones racistas, étnicas o religiosas, las deportaciones y el apartheid.
El crimen «de agresión» también es competencia de la CPI pero su definición tiene que ser precisada.