Un día después que en el Congreso la CICIG presentara un documento que anota supuestas irregularidades y denuncias contra el abogado Remberto Leonel Ruiz Barrientos, la Junta Directiva y jefes de bloque le otorgaron audiencia al señalado.
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evoca que el puesto en la Defensa Pública Penal debe llevar, desde su origen, los principios de transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad.
El documento en contra de Ruiz Barrientos apunta 45 quejas disciplinarias ocurridas a lo largo de tres años, entre 1995 y 1998, cuando se desempeñó como Juez de Primera Instancia en varios ramos, seis culminadas con sanción y dos declaradas a procedentes.
Una denuncia de cohecho y prevaricato por la exigencia de dinero mientras ejercía como juez en Zacapa, «Grave denuncia que nunca se investigó», se lee. Asimismo otras anomalías sobre acoso sexual, que aunque no está tipificado como delito, sí es una condena moral que tardíamente investigó la Procuraduría de Derechos Humanos, consideran.
También refiere la CICIG una observación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por incorrecta separación de personal sindicalizado mientras ejercía su función como Director de Recursos Humanos en el IDPP, anota.
Asimismo, otro número de quejas disciplinarias por retardo de la justicia, por retardar trámites, dejar de controlar la investigación del Ministerio Público para que concluyera en el tiempo señalado por la ley, resolución de excepciones previas hasta con 16 meses de retraso.
Roberto Alejos, presidente de la Junta Directiva del Congreso, obedeciendo la decisión de la Corte de Constitucionalidad, leyó en forma resumida el contenido de siete expedientes, unos a favor y otros en contra de Ruiz Barrientos.
El abogado Ruiz Barrientos señaló que se ha convertido en víctima, amenazado, sujeto de una persecución sistemática de las organizaciones sociales, fundaciones y ONG que le han violado sus derechos humanos.
La razón de Ruiz Barrientos, es porque no se ha incluido a los abogados que han trabajado para esos grupos y han quedado relegados para dirigir la Defensa Pública en el país, pero que el lunes presentará todas las pruebas de descargo que con mala fe han presentado en su contra.
Roberto Alejos, acompañado de directivos y jefes de bloque, dio a conocer que el martes próximo durante la sesión plenaria se votará a viva voz si se reafirma la elección del director ya electo para el Instituto de la Defensa Pública Penal
Yadira Martínez es líder de un grupo de empleados del Instituto de la Defensa Pública Penal, que se situaron frente al Congreso de la República en apoyo de la elección de Ruiz Barrientos, a quien consideran ser apto para el cargo.
Martínez señaló que el este retardo de las denuncia es porque hay grupos ocultos interesados en desvirtuar todo el trabajo y la trayectoria del director electo. Mientras Roberto Villate Villatoro, jefe del bloque Lider, rechazó la injerencia de la CICIG.
Mientras la mayoría de jefes de bloque rechazan tener que conocer el asunto porque los colocan como juez y parte que no les corresponde ejercer.