PRESENTAN BASES PARA UNA REFUNDACIí“N DE LA PNC


La propuesta refiere que la creación de una nueva Policí­a de Investigación Criminal esté contenida con criterios o estándares internacionales que requiere este tipo de entes de investigación.

Esta semana, el presidente í“scar Berger recibirá al Cardenal, al Procurador y al Rector de la USAC, para conocer la iniciativa que presentaron.

Hugo Alvarado
halvarado@lahora.com.gt

Ante la propuesta de refundar el Sistema de Seguridad Ciudadana en Guatemala, presentada por el Arzobispado Metropolitano, el Procurador de los Derechos Humanos y el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Convergencia en Derechos Humanos plantea algunas bases para hacer efectiva la refundación de la Policí­a Nacional Civil (PNC).

La propuesta refiere que la creación de una nueva Policí­a de Investigación Criminal esté contenida con criterios o estándares internacionales que requiere este tipo de entes de investigación.

Dichos estándares deben incluir sistemas de carrera policial; perfil profesional mí­nimo para los aspirantes; capacitación y formación constante dentro de una currí­cula establecida, revisada y actualizada constantemente.

Así­ como controles efectivos y eficaces para el personal en servicio; evaluación periódica del desempeño de los funcionarios a todo nivel; y un ente capaz de contar con una planificación estratégica que tenga como parámetros la búsqueda de la excelencia profesional y la efectividad.

Transformar la Policí­a Nacional Civil en un cuerpo de seguridad que tenga como lineamientos primordiales el respeto a las libertades ciudadanas, pero efectivo en la protección y prevención de los delitos.

Para lograrlo se requiere un nuevo sistema de carrera policial que se aparte de doctrinas y orientaciones militares, una depuración efectiva y legal de los miembros actuales y un sistema de control eficiente.

Presidios

Iniciar una reforma penitenciaria técnica, eficaz y transparente, a partir de la implementación de la Ley del Régimen Penitenciario, que permita la depuración de funcionarios involucrados en actos ilegales y/o vinculados al crimen organizado.

Es indispensable superar la corrupción existente en las cárceles y en todo el sistema, terminar con el hacinamiento de las personas privadas de libertad y mejorar sus condiciones humanas, con un procedimiento de carrera transparente y objetivo para contar con un personal técnicamente capaz, sometido a controles internos.

La depuración de las listas de candidatos a puestos de elección popular para evitar que personas pertenecientes al crimen organizado, narcotráfico y/o señaladas de actos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos, comprometan el futuro de la institucionalidad polí­tica del paí­s y de las distintas instituciones del Estado.

Asimismo, se exige el compromiso público de los partidos polí­ticos de presentar a la ciudadaní­a el estado y sus fuentes de financiamiento para el actual proceso de elección.

A partir de las destituciones respectivas, integrar un nuevo gabinete de seguridad que tenga como parámetros de actuación el seguimiento a las polí­ticas de transformación integral del sistema de seguridad y un sistema de monitoreo que permita la evaluación continua y capaz de prever los cambios necesarios, sin improvisaciones que atrasen o perjudiquen las polí­ticas de Estado.

Entre las organizaciones que presentaron la propuesta se encuentra el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

También están el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y Seguridad en Democracia (SEDEM).

Eliminar el DINC

La Iglesia Católica, PDH y USAC presentaron la semana anterior una propuesta alternativa para depurar las fuerzas de seguridad.

La iniciativa contempla pedir ayuda a Naciones Unidas.

Como medida inmediata se propone la eliminación de la División de Investigación Criminal (DINC) de la PNC, y luego se prevé refundar la institución y la guardia del Sistema Penitenciario.

En estas nuevas dependencias no se aceptarí­a a los miembros de la actual Policí­a que hayan sido señalados de actos delictivos, o a los actuales mandos medios de la PNC.

«Vamos a entregar esta propuesta a todas las fuerzas polí­ticas que consideremos conveniente», expresó el rector de la USAC, Estuardo Gálvez, quien aseguró que se busca el apoyo del Ejecutivo y los partidos polí­ticos.

«Yo apoyo esta idea, porque creo que es tiempo de hacer algo por la vida de las ví­ctimas de la violencia», apuntó el cardenal Rodolfo Quezada Toruño.

Serán recibidos

El vicepresidente Eduardo Stein ha manifestado que será esta semana cuando los tres representantes de las instituciones sean recibidas por el presidente í“scar Berger para hacerle entrega de la propuesta.

Stein dijo que comparten la propuesta, pero difieren en que no se puede eliminar un cuerpo policial.

Para esta semana también se tiene previsto que el Consejo Asesor de Seguridad (CAS) haga pública la propuesta sobre la depuración de las fuerzas de seguridad.

Medidas de corto plazo

Las organizaciones mencionan que entre las acciones a corto plazo que deben efectuarse está la inmediata destitución del ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, del director de la Policí­a Nacional Civil, Edwin Sperinsen, y del director del Sistema Penitenciario, Ví­ctor Rosales.

De necesario califican que de manera urgente el Consejo del Ministerio Público requiera la formalización de una investigación contra el Fiscal General por incumplimiento de deberes y negligencia en la investigación de los hechos acaecidos recientemente.

El nombramiento de un fiscal especial que garantice la efectividad e imparcialidad en la investigación y persecución penal de los sucesos acaecidos el 25 de febrero de 2007 en la cárcel de El Boquerón.

El profesional debe reunir los requisitos legales, y adicionalmente: no tener señalamiento alguno de actos de corrupción o de violaciones a los derechos humanos; no pertenecer a ningún partido polí­tico; y no haber sido defensor, o representar intereses de cualquiera de los funcionarios públicos involucrados o señalados directa e indirectamente en los hechos mencionados en este párrafo.

La depuración seria y efectiva de los miembros de la Policí­a Nacional Civil, PNC, así­ como de los funcionarios de alto nivel que estén involucrados en actos reñidos con la ley y de los asesores del Ministro de Gobernación.

Principalmente de aquellos señalados de pertenecer al crimen organizado o participar en ejecuciones extrajudiciales o violaciones a derechos humanos.

Esta depuración debe abarcar el procesamiento y castigo de los funcionarios responsables de hechos ilegales y la misma debe realizarse en el marco de un Estado de Derecho.

La aprobación inmediata de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Actualmente, este acuerdo fue enviado a la Corte de Constitucionalidad, quienes deberán resolver en el menor plazo posible, dadas las actuales circunstancias.

La desmilitarización de la seguridad ciudadana y de las instituciones encargadas de la misma, en los siguientes aspectos:

El fin de los patrullajes del Ejército nacional y de los combinados con la PNC, para evitar más abusos en contra de la población en general, especialmente de los sectores más vulnerables, así­ como para garantizar un efectivo control del servicio de los funcionarios y de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.

Los fondos destinados al Ejército para el patrullaje de militares deben reubicarse a la PNC para su fortalecimiento.

Cesar y evitar más nombramientos de militares como responsables de las instituciones a cargo de la seguridad ciudadana, tales como Ministerio de Gobernación, Policí­a Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), etc.

Ofrece ayuda

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, expresó que su paí­s está dispuesto a colaborar con Guatemala para la reestructuración de la PNC.

Será en los próximos tres meses que el Ejecutivo deberá especificar qué tipo de ayuda requiere del paí­s andino.

La experiencia de los Carabineros y la Policí­a de Investigación de ese paí­s podrí­an trasladar su experiencia a las autoridades guatemaltecas.

Ese fue su ofrecimiento, mediante una conferencia de prensa en conjunto con Berger, luego que ambos sostuvieron una reunión en privado.

Bachellet se encuentra en nuestro paí­s para asistir a las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ayer por la mañana arribó a nuestro paí­s y en horas de la tarde iniciaron los actos protocolarios para pasar a discutir temas de interés común.