Varias organizaciones en favor de los derechos humanos presentaron una acción de amparo en la CSJ, ante sus sospechas de impunidad que genera una resolución en contra de la jueza Carol Patricia Flores, quien fue separada de seguir conociendo el proceso contra el militar retirado, Héctor Mario López Fuentes.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones conoció la recusación en contra de la jueza Flores, que ha tenido en sus manos el caso por genocidio en contra de altos mandos militares del perí­odo 1982-83 y resolvió, con voto razonado de la magistrada Aura Marina Guadrón Dí­az, alejarla del proceso sin causa jurí­dica, como una forma de evitar a futuro “sospechas de parcialidad” por parte de la jueza.

La resolución establece que si bien es cierto la jueza no ha externado opinión en el presente proceso, existe sospecha de su parcialidad a la hora de decidir.

Dicha recusación fue presentada por los abogados defensores de López Fuentes, al considerar que la jueza Patricia Flores emitió opinión al momento que ligó a proceso a su defendido.

í‰dgar Pérez, abogado de los denunciantes, indicó que están presentado  una acción de amparo en contra de los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, fundamentalmente en  contra del magistrado presidente, por considerar que se está violando el derecho que tienen las partes a que las resoluciones sean fundamentadas.

Según indica, consideran que esta Sala (Primera) ha sentado precedentes negativos para el sistema judicial guatemalteco, esto porque dictó una resolución aceptando la recusación planteada por el señor Héctor Mario López Fuentes, bajo el argumento de tener sospecha de duda sobre la imparcialidad.

Las organizaciones argumentan que se está violando el derecho de fundamentación en el artí­culo 12, que establece el derecho de defensa. “No se puede argumentar o señalar a alguien de figuras que no existen”.

“Esta circunstancia no está normada en nuestra legislación y por esas razones consideramos que la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia debe emitir una resolución dejando sin efecto esta recusación respaldando a sus jueces de mayor riesgo”,  agregó í‰dgar Pérez.

López Fuentes, sindicado de genocidio y deberes contra la humanidad, es señalado de haber ejecutado planes militares contrainsurgentes y haber sido el responsable de masacres ocurridas en el área Ixil, Quiché, entre 1983 y 1985.

Actualmente es caso es conocido por el juez Miguel íngel Gálvez.

MíS RECUSACIONES

Igual recusación se planteó en contra del juez Segundo, Carlos Aguilar, a quien la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) rechaza, con el argumento de que existe enemistad.

Según la CICIG, Aguilar emitió opinión en relación con las crí­ticas formuladas por Francisco Dall’Anese, jefe de esa instancia, por lo que no confí­a en su imparcialidad por el proceso en el que son sindicados los hermanos Estuardo y Francisco Valdés Paiz, por la muerte del primo de estos, el abogado Rodrigo Rosenberg.

La Sala Segunda dictó sin lugar dicha recusación, al resolver que las opiniones fueron formuladas por Aguilar al fungir como presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de la CSJ y no como juez.