Los Organismos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Público, con el acompañamiento del Arzobispado de Guatemala, la Alianza Evangélica, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos suscribieron hoy el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia.
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El fiscal general, Amílcar Velásquez Zárate; el presidente del Congreso, Roberto Alejos; el presidente del Gobierno, ílvaro Colom y el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Eliú Higueros, se comprometieron a realizar 101 acciones en pro de la seguridad y la justicia.
Por su parte, las instituciones civiles que acompañaron la formación de los acuerdos aceptaron integrar la Comisión de Verificación Específica, de forma conjunta con los presidentes de los tres Organismos del Estado, el Ministerio Público y los bloques parlamentarios del Congreso de la República para dar seguimiento al cumplimiento de las acciones.
Entre los compromisos adquiridos por el Estado se encuentra la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, para separar el trabajo operativo y administrativo de la cartera de Gobernación, así como el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional Civil y la creación de la carrera de oficiales policíacos.
En el ámbito legal, se pretende crear al menos 12 leyes para favorecer los procesos de seguridad y justicia, y concretar reformas a la Ley de Amparo y Exhibición Personal, el Código Penal y el Código Procesal Penal, entre otras.
En el ámbito judicial, el compromiso está encaminado a reformar la Ley de la Carrera Judicial, para fortalecer el sistema disciplinario contra jueces, magistrados y operadores de justicia en general, así como la creación de juzgados de competencia ampliadas para el juzgamiento de casos de alto impacto.
VINCULANTE
El acuerdo -de carácter vinculante- se deriva de la debilidad institucional de los órganos de seguridad, así como la carencia de políticas públicas, la desactualización del ordenamiento jurídico y la débil participación ciudadana en materia de seguridad y justicia, explicó el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, Francisco Jiménez.
El funcionario señaló que la «situación excepcional» de violencia e impunidad en el país requiere de «acciones excepcionales», como las que se incluyen dentro del acuerdo, el cual fue estructurado en diez ejes temáticos, donde se incluye la participación ciudadana.
De esa cuenta, se acordó la integración de la Comisión de Verificación Específica, mesas de diálogo con la sociedad civil y coordinación con la Comunidad Internacional para dar seguimiento a la hoja de ruta de los acuerdos, que incluye un cronograma con indicadores de avance.
DISCURSOS
Durante la presentación del acuerdo, en nombre del Ejecutivo, Colom se refirió a la situación de inseguridad que proviene de la violencia social y planificada, esta última originada en las dos administraciones de gobierno anteriores y que se expresan ahora con la «industria de la muerte».
El jefe de Gobierno determinó necesario mantener el apoyo «sin condiciones» a la Comisión Internacional Contra la Impunidad y fortalecer la coordinación de los esfuerzos entre los tres Organismos de Estado para enfrentar los retos de seguridad y justicia, junto con la Comunidad Internacional y la sociedad civil.
En coincidencia, Alejos y Zárate, al igual que Higueros, manifestaron su optimismo por la suscripción de los compromisos conjuntos, para los que se establecieron metas mensuales, semestrales y de largo plazo que se esperan se cumplan a finales de 2010.
SOCIEDAD
En nombre del grupo de acompañamiento del acuerdo, el Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, manifestó insatisfacción por la forma en que se abordaron algunos acuerdos.
El magistrado de Conciencia señaló que la justicia seguirá el «rumbo equivocado», mientras que no se respete la independencia en el ejercicio de las funciones de jueces y magistrados del Organismo Judicial.
Asimismo, recomendó la reforma del proceso de elección y nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.
El primer paso para cumplir con los acuerdos será establecer en 45 días el cronograma de metas y el establecimiento de un presupuesto para cumplir con los compromisos.
La diputada Roxana Baldetti anticipa que la bancada del Partido Patriota fiscalizará, cada treinta días, 43 planes del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, que le corresponden al Ministerio de Gobernación, «Creo que no tienen claro exactamente hacia dónde nos llevan en el tema de seguridad», reiteró.
Salvador Gándara, titular de Gobernación, insiste que las fuerzas de seguridad sí han demostrado acciones concretas contra la delincuencia; el problema es que las víctimas de la violencia y sus familiares, no denuncian ni ratifican las denuncias, entonces el delincuente queda en libertad.