India decidió atacar de frente la rebelión maoísta en el país planificando una ofensiva armada, muy esperada por las autoridades locales pero motivo de preocupación para asociaciones que temen por la seguridad de la población civil.
La operación, bautizada «Caza Verde» y planificada por el gobierno central, prevé lanzar un ataque coordinado contra los bastiones rebeldes en la jungla, repartidos a lo largo de un «corredor rojo» que se extiende por varios estados del Este.
Las fuerzas de seguridad regionales integrarán la línea del frente pero la mayor parte de la operación, que incluye la participación de miles de paramilitares, será coordinada por Nueva Delhi.
El ataque debería comenzar en noviembre, según altos responsables que pidieron mantener el anonimato.
El gobierno, que considera a los maoístas como «la mayor amenaza» contra la seguridad en la India, descartó la posibilidad de recurrir al ejército pero prometió a los estados afectados por la violencia una ayuda logística y el despliegue de guardias fronterizos de élite.
Según los observadores, la implicación de Nueva Delhi apunta a reactivar la acción individual de cada estado después de años de esfuerzos infructuosos contra una insurrección que ya ha provocado más de 600 muertos este año.
Más de la mitad de los 29 estados de India están enfrentados desde 1967 a focos de rebelión maoísta.
En total, 165 de los 600 departamentos del país estarían bajo influencia de los entre 10.000 y 20.000 guerrilleros de extrema izquierda a los que los indios llaman «naxalitas» o «terroristas rojos».
Los rebeldes afirman luchar contra los grandes terratenientes y las sociedades mineras, por la defensa de los campesinos sin tierra y de las tribus en los estados indios donde la administración pública (educación, salud, infraestructuras) es casi inexistente.
Los dirigentes locales, que en varias oportunidades se han quejado de falta de apoyo del poder central, aplaudieron la iniciativa de Nueva Delhi después de recientes ataques sangrientos contra las fuerzas del orden.
Sin embargo, algunas voces discordantes se han elevado, cuestionando sobre todo el peligro que podría representar la operación para miles de aldeanos que viven bajo el control de los maoístas.
«Corre el riesgo de ser un desastre humanitario y democrático», afirmó un grupo de militantes y de universitarios en una carta al Primer Ministro.
Asociaciones de derechos humanos también expresaron su inquietud en relación a eventuales víctimas civiles mientras otras destacaban la importancia de asociar esta ofensiva a una estrategia de desarrollo para combatir la pobreza.