Los empresarios estadounidenses se preparan para enfrentar una ofensiva contra los trabajadores sin papeles, en momentos en que el gobierno busca proporcionar a las autoridades migratorias más poder para castigar a las compañías que contraten ilegales.
El gobierno del presidente George W. Bush propuso una regulación federal que, según los sindicatos, podría conducir a las compañías, deseosas de evitar juicios y multas, a emprender despidos masivos en todo el país.
La regulación «pondrá en aprietos a todos los negocios del país», dijo Tamar Jacoby, una experta en migración del conservador Instituto Manhattan.
«Si las autoridades federales realmente siguen adelante con esto, y pienso que lo harán, muchas industrias se irán de Estados Unidos», agregó.
La medida que está en estudio en Washington se relaciona directamente con el uso, potencialmente fraudulento, de los números de Seguro Social que los empleados proveen a la hora de la contratación. En Estados Unidos el número de Seguro Social funciona como identificación personal, y es un documento imprescindible para trabajar de forma legal.
Sin embargo, hay gran cantidad de falsos números de Seguro Social en el mercado, lo que le permite a los inmigrantes trabajar en importantes corporaciones estadounidenses.
Jacoby dijo que la medida propuesta, pendiente desde junio de 2006, fue archivada mientras el Congreso debatía un controvertido plan de reforma migratoria que fracasó recientemente.
Desde que esta legislación quedó enterrada, los comerciantes se han preparado para que el Departamento de Seguridad Interior adopte medidas para regularizar la situación en los lugares de trabajo, dijo.
El mayor procesador de pollo en Estados Unidos, Pilgrim’s Pride, despidió a más de 100 empleados que no pudieron entregar números de Seguridad Social válidos, de acuerdo a informes de prensa y abogados de los trabajadores de una zona rural de Texas (sureste).
Según los expertos, estos despidos responden a medidas preventivas ante la posibilidad de que se implementen leyes más duras.
La compañía reconoció haber despedido a estas personas, aunque no detalló a cuántas ni cuál fue el motivo de los ceses, a la vez que dijo haber contratado a otros trabajadores en su lugar.
«Indudablemente habrá más bajas», dijo Gary Rhodes, portavoz de Pilgrim’s, que tiene 55.000 empleados en total en Estados Unidos y México.
De forma rutinaria, el gobierno alerta a las compañías cuando en su base de datos ingresan números de Seguro Social sospechosos, pero los expertos señalan que la ley actual esencialmente le permite a los empleadores ignorar estas advertencias.
Al respecto, en un informe de 2006, la Casa Blanca indicó que la regulación propuesta dejaría claro «que los empleadores que ignoren las discrepancias entre la base de datos del Seguro Social y la información provista por sus empleados, podrán ser considerados como conocedores de que sus empleados son trabajadores ilegales, lo que facilitará (…) procesar a los infractores».
Las compañías que contratan inmigrantes ilegales a sabiendas, pueden enfrentarse a un proceso criminal y recibir multas de hasta 10.000 dólares por cada trabajador sin papeles.
De acuerdo a la oficina de Control de Migración y Aduanas (ICE), esta normativa no se ha hecho efectiva. Pero los grandes empresarios suponen que las autoridades pueden anunciar su adopción final antes de que termine el verano boreal.
La portavoz del ICE Pat Reilly no pudo proporcionar una fecha estimada para su adopción, pero aseguró que se trata de «una regulación bien intencionada y se espera que se tome en cuenta».
Pero Bill Hammond, jefe de la asociación de comerciantes de Texas y miembro de una alianza nacional que apoyó la fallida reforma migratoria en Washington, estimó que los despidos de inmigrantes en Pilgrim’s podrían ser sólo la punta del iceberg.
Hay cerca de 12 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y se calcula que una décima parte de ellos está en Texas.
«Hay un montón de empleados en Texas que son trabajadores indocumentados», dijo Hammond. Y «muchos de ellos podrían salir de la fuerza laboral en los próximos seis o doce meses».
Tamar Jacoby, experta en migración del Instituto Manhattan.