Pese a que las autoridades de gobierno y diputados consideran que el alza en los precios de los combustibles son producto de la especulación, por el momento los guatemaltecos no cuentan con la Dirección de Atención al Consumidor, Diaco, entidad que no tiene director desde hace dos semanas y tampoco con una Procuraduría de Defensa del Consumidor, pues todavía se trabaja en el proyecto de ley.
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Al menos un mes y medio más necesitará la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por Nineth Montenegro, para presentar una nueva iniciativa de ley que será sometida a discusión. La normativa estipula regular y vigilar servicios públicos y privados como transporte urbano, tarjetas de crédito y telefonía celular.
Se establecen sanciones económicas y otras como clausura total de los establecimientos comerciales, en caso de faltas a la ley y publicidad engañosa. También se instalará el sistema nacional de defensa del consumidor, según Silvia de Padilla, asesora de la comisión legislativa y ex directora de la Diaco.
Estas sanciones serían analizadas por una Comisión Sancionadora, que formaría parte de la Procuraduría. También se establece que las organizaciones de consumidores y usuarios, deben inscribirse ante la entidad que está por crearse.
Antes de finalizar el receso, Montenegro espera culminar con el análisis de la ley que consta de 219 artículos, de los cuales 80 han sido estudiados hasta el momento.