Menos de cien días después de asumir el poder en España, el conservador Mariano Rajoy se enfrentará mañana a una huelga general, cuando el grueso de los recortes para reducir el déficit todavía está por llegar.
El paro de 24 horas, convocado por los sindicatos mayoritarios de izquierda, busca derogar la reciente reforma laboral que abarató considerablemente las condiciones de despido en un país que soporta un desempleo cercano a 23% y está al borde de su segunda recesión en cuatro años.
Además, el escenario de piquetes y manifestaciones callejeras amenaza con dar un nuevo dolor de cabeza al presidente del gobierno Rajoy, del Partido Popular, si vuelve a prender la llama de la «revolución de los indignados», cuando está a punto de cumplirse el primer año de las protestas en las que miles de jóvenes tomaron las plazas de las principales ciudades del país.
A pesar del clima enrarecido por la crisis, se espera un seguimiento desigual, tal y como sucedió en la huelga del 29 de septiembre de 2010, entonces con los socialistas en el gobierno.
De hecho, 67% de los españoles se mostraron en contra de secundar el paro, según reveló una reciente encuesta de Metroscopia para el madrileño El País.
Una de las claves estará en el transporte público. Algunas regiones, como Madrid, pactaron servicios mínimos de hasta 35% en hora pico en el funcionamiento del metro y los autobuses urbanos.
Otro momento decisivo para valorar el éxito de la jornada serán las manifestaciones de la tarde del jueves en las grandes ciudades.
«El país no está para movilizaciones», dijo el profesor del IESE Business School en Barcelona José Ramón Pin. «La gente reconoce que no hay más remedio que tomar medidas absolutamente austeras, porque sabe que el país está mal», agregó.
Pero los sindicatos convocantes Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras están convencidos de que la adhesión será significativa.
«Hay muchísimo más ambiente para la participación ciudadana con respecto a 2010 por la injusticia de la reforma laboral», explicó el miércoles el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo.
El gobierno aprobó en febrero una dura reforma laboral con la que espera sentar las bases para contener la hemorragia del desempleo, que actualmente afecta al 22,9% de la población según el Instituto Nacional de Estadística.
La nueva ley elimina la indemnización de 45 días por año trabajado y la sustituye por una de 33 días. Además el texto revisa la flexibilidad laboral y el llamado despido objetivo o procedente.
En ese sentido, las empresas que registren pérdidas o tres trimestres consecutivos de caída de ingresos podrán despedir empleados con una compensación de 20 días por año trabajado.
Para los sindicatos la nueva ley, ya en vigor aunque sujeta a modificaciones menores en el Parlamento, abre la puerta a despidos masivos, reducciones de salarios y la desprotección total del trabajador frente al empresario.
Un sentimiento reflejado en el lema de la huelga: «Quieren acabar con todo. Con los derechos laborales y sociales».
«La sociedad no está dispuesta a permitir medidas que recortan el presente y acaban con el futuro», señaló el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, quien denunció que la nueva ley supondrá la destrucción inmediata de 640.000 puestos de trabajo.
Por su parte, el gobierno no está dispuesto a dar un paso atrás ni en la laboral ni en otras reformas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó el miércoles que en una «situación límite» como la que vive España, el «gobierno está obligado a hacer reformas».
«La disyuntiva no es si la huelga general es más o menos seguida, sino si se sale o no de la crisis», dijo Montoro. «Eso es lo que está en juego y ante eso el gobierno no va a ceder», agregó.
La huelga se celebra en vísperas de la presentación de un presupuesto general para 2012 revisado a la baja y en el que se esperan recortes masivos en inversión pública y nuevas subidas de impuestos.
Porque además del desempleo, España sufre un problema de deuda que sigue teniendo al país en el punto de mira de los inversores como candidato a un costoso rescate financiero como el que la Unión Europea puso en marcha para Grecia, Irlanda y Portugal.
«El gobierno no puede ceder. Pero no porque no quiera, sino porque no puede», subrayó Pin. «En este momento, están gobernando para los españoles, pero también para los inversores internacionales», añadió.
España cerró 2011 con un déficit de 8,5% del Producto Interno Bruto, 2,5 puntos más de lo inicialmente previsto. Bruselas aceptó rebajar la meta de reducción a 5,3% del PIB en 2012, lo que obliga a un ajuste adicional de casi 46.650 millones de dólares.
El escenario de depresión, con la esperada vuelta a la recesión y una contracción prevista por el gobierno de 1,7% para 2012, tampoco ayuda.
De hecho, la huelga podría marcar un resurgimiento del movimiento de los indignados, muy aletargado desde su irrupción en mayo de 2011. Desde entonces el desempleo ha alcanzado cotas inimaginables de casi 50% entre los menores de 25 años.
Los jóvenes indignados han estado alentando la huelga desde las redes sociales. Incluso han establecido su propio mapa de actuaciones. Aunque el apoyo social al grupo ha decaído, no se descarta que vuelvan a intentar acampar en algunas ciudades, anunciando una primavera caliente para el gobierno.
«Creo que los indignados van a intentar capitalizar también la jornada de huelga», aseguró Pin. «Pero la realidad es que su presencia en la calle ha ido descendiendo desde que empezaron», subrayó.