Una consulta comunitaria de buena fe prepara la Comisión de Defensa de los Recursos Naturales de Champerico y la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), para conocer la percepción que tiene la población sobre la exploración y explotación minera en el litoral pacífico.
Juventina López, dirigente de ambas organizaciones, expresó que ante el riesgo de que empresas trasnacionales exploten recursos como el hierro y el zinc en esta zona del país, se ven en la necesidad de consultar a las 49 comunidades si están de acuerdo o no con esas pretensiones empresariales.
A decir de López, el expresidente Álvaro Colom firmó el 20 de octubre de 2009 tres licencias mineras para esta área, en tanto que el gobierno de Otto Pérez Molina ya hizo referencia a la posibilidad de subir en porcentaje de regalías por los productos a explotar, lo que significa que continuará la negociación.
César Mendoza, del área de comunicación de la CONIC, expresó en conferencia de prensa que la consulta se llevará a cabo en cada una de las 49 comunidades del municipio, el próximo domingo 12 de febrero, entre las 08.00 y las 16.00 horas.
El gobierno y las empresas han iniciado la promoción de los proyectos de explotación y asegurar que alentará el desarrollo de la población, sin embargo la experiencia nacional señala lo contrario, por lo que se llevará a cabo un proceso de consulta para saber si la ciudadanía está de acuerdo o no con la entrega de los territorios, aseguró la entrevistada.
Las empresas prevén la extracción de aproximadamente 10 millones de toneladas de arena al año y solamente dejarán el 1 por ciento de las regalías a las comunidades, cifra con la cual no podrá atenderse el enrome desastre ecológico y social en la localidad, enfatizó López.
La mayor parte de la población en Champerico sobrevive de la pesca y del turismo ecológico; la extracción de hierro en las playas conllevará pobreza extrema para las mayorías y destrucción de los recursos naturales que hasta el momento han protegido al municipio de sufrir las consecuencias de los huracanes y otros fenómenos naturales, añadió la representante.
López recordó que cuando el gobierno anunció la construcción de una dársena, prometió generar empleo para los locatarios, no obstante contrató a una empresa holandesa que trajo sus propios trabajadores; el proyecto fue considerado recientemente como un fracaso y una pérdida económica para el país, ya que no fue concluida; los pescadores deben esforzarse el doble para lograr ingresos para sus familias.
La consulta popular permitirá incentivar la participación ciudadana, hacer vigente el derecho a la expresión y defender un territorio que presenta una vulnerabilidad significativa y riesgo ante los desastres naturales y el cambio climático, concluyó la entrevistada.