La sentencia condenatoria de 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, que un tribunal dictó el pasado viernes en contra del ex Jefe de Estado, general Efraín Ríos Montt, ha actualizado el debate sobre la profunda polarización que existe en Guatemala como consecuencia de la histórica desigualdad e injusticia social.

El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, puntualizó cuáles fueron las raíces del enfrentamiento armado entre el Ejército y la guerrilla izquierdista, que es el escenario en el cual se produjeron las masacres de indígenas  por las que se siguió el juicio contra el exgobernante.

El documento recuerda que la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala han sido profundamente excluyentes, antagónicas y conflictivas, reflejo de su historia colonial.
Agrega que “Desde la Independencia proclamada en 1821, acontecimiento impulsado por las élites del país, se configuró un Estado autoritario y excluyente de las mayorías, racista en sus preceptos y en su práctica, que sirvió para proteger los intereses de los restringidos sectores privilegiados”.

La CEH dice que, frente a movimientos que proponían reivindicaciones económicas, políticas, sociales o culturales, el Estado recurrió crecientemente a la violencia y el terror para mantener el control social.
En estos días hay un ambiente de gran efervescencia a raíz del fallo judicial. La situación es preocupante, pues es obvio que está en marcha una campaña mediática destinada a estigmatizar  a los tres jueces del Tribunal, a efecto de crear una matriz de opinión pública para promover la anulación de la sentencia.

Tal como lo señaló el presidente Otto Pérez Molina, es necesario respetar las instituciones de justicia. La Embajada de Estados Unidos también se pronunció en la misma dirección,  a la vez que  exhortó a canalizar cualquier discrepancia por medio de los procedimientos legales existentes.

Es oportuno un llamado a la cordura, y a considerar que  si durante el juicio se hubiesen cometido ilegalidades, los abogados de Ríos Montt tienen la opción de impulsar las respectivas impugnaciones a través de las instancias judiciales que correspondan.

En ese contexto, fue imprudente la solicitud que uno de los sectores querellantes presentó ante el Tribunal, para prohibir que se hagan publicaciones relativas a que no hubo genocidio en Guatemala.
El principio de la libre expresión del pensamiento está garantizado por la Constitución de Guatemala y por diferentes convenios internacionales, siendo, además, una de las columnas centrales para la existencia de una sociedad civilizada.

Los guatemaltecos debemos trabajar por una obra fecunda que permita rescatar al país de la grave crisis que se afronta en este momento de dura prueba para las instituciones de justicia.