Grupos sociales brasileños están preocupados con una ley antiterrorista que prepara el gobierno de Brasil y que consideran que puede criminalizarlos, alertó hoy Ivonio Barros, coordinador del Foro de Entidades Nacionales de Derechos Humanos.
El anteproyecto «no tipifica lo que es terrorismo» y con ello transfiere a cualquier juez de primera instancia la capacidad de calificar de terrorista «la acción de cualquier persona o movimiento social», dijo Barros a la estatal Agencia Brasil.
Cualquier «juez conservador, o que esté vinculado a grupos de interés específico, como hacendados, podrá ordenar la detención de personas, incluso de manera preventiva, afirmó.
Muchas acciones «presentadas como características del terrorismo en esa ley, son típicas de los movimientos sociales, es decir, son realizadas por personas que, ejerciendo su libertad constitucional, reclaman mejores condiciones de vida», explicó.
El anteproyecto, que actualmente está en manos del ministerio de Justicia, no define terrorismo, sino que de manera genérica enumera delitos asociados a actividades terroristas, como atentados con bomba y delitos cometidos para infundir pánico, inseguridad en la sociedad, o para intimidar al Estado o a una organización.
Barros consideró que esa ley no tiene utilidad y dijo que es como paralizar un país debido a la posibilidad de que un meteoro alcance el planeta en los próximos 100 mil años.
Brasil necesita una ley específica contra el terrorismo, afirmó la pasada semana el comandante José Alberto Cunha Couto, uno de los responsables del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia que elaboró el anteproyecto.
«Puede que no haya un riesgo inminente de que el país sea objeto de una acción terrorista, pero decir que Brasil no corre riesgo no es verdad. No podemos descartar esa posibilidad», dijo el comandante.