Organismos de derechos humanos de El Salvador expresaron «preocupación» por el incremento de los homicidios, que de un promedio diario de ocho pasó a 10 en noviembre, por lo que demandaron al Estado una política para afrontar la violencia delictiva.
«Volver a la cifra de diez homicidios genera preocupación en los organismos humanitarios y en la población en general, porque cada vez más se siente menos segura», declaró Nelson Flores, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Las autoridades policiales reconocieron el incremento de los homicidios, que atribuyen a la permanente y enconada lucha entre las pandillas por liderazgos y a las disputas territoriales por el mercado de las drogas.
Flores estimó que atribuir el auge de los homicidios a la lucha entre pandillas no es más que «repetir» el discurso de años anteriores, el cual «no abona a la búsqueda de políticas adecuadas».
Para Roberto Burgos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), el incremento de los homicidios se debe al «fracaso» de la política de prevención de la violencia.
«La misma Policía ha aceptado que está fallando precisamente en el aspecto de la prevención. El papel de la Policía en la represión legítima del Estado de ciertas conductas delictivas no se agota ahí, también el trabajo de prevención es importante», señaló Burgos.
Con base en investigaciones del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Burgos aseguró que la violencia está afectando sobre todo al sector más joven del país, con edades entre los 16 y 22 años.
Para el ente humanitario, la campaña electoral que se desarrolla actualmente para los comicios legislativos y municipales del 18 de enero, y para los presidenciales del 15 de marzo, son una muestra de la violencia que afecta a la sociedad salvadoreña.
«No hay que perder de vista la coyuntura en la cual se está dando este incremento de asesinatos, con una campaña política que se está caracterizando por altos niveles de polarización y agresividad», subrayó Burgos.
A los elevados índices de homicidios, se suma la libre venta de armas legales y el comercio clandestino de más de 200 mil artefactos bélicos que circulan desde enero de 1992, cuando se puso fin a doce años de guerra civil.
«Mientras no exista una política criminal que prohíba el porte de armas y la venta de las mismas, el país no logrará avanzar en la construcción de una sociedad en paz», subrayó Flores.
Con un escaso territorio de 20.742 km cuadrados y 5,8 millones de habitantes, El Salvador dispone de unos 18 mil agentes de policía y el doble de agentes privados de seguridad.