Ante el inminente desalojo de cientos de familias del asentamiento Linda Vista, zona 7, la Procuraduría de los Derechos Humanos recordó que es obligación del Estado también garantizar a la población el derecho a una vivienda digna.

Giovanni Guzmán, jefe de la Unidad de Mediación y Resolución de Conflictos de la institución, expresó que más allá de la usurpación de un espacio, preocupa la conflictividad social que provoca el poco acceso a una vivienda digna.

“Desafortunadamente, en este caso constatamos que las entidades encargadas de dar respuesta al tema no lo hicieron, con acciones concretas u opciones temporales para estas personas, antes que se produzca el desalojo”, agregó.