A través del Decreto 8-2014 del Congreso de la República, entra en vigencia a partir de mañana la «Ley para la circulación por carretera libre de cualquier tipo de obstáculo» que se considera una limitante para las protestas sociales.

Entre las limitaciones de la llamada Ley de Túmulos, se incluye el concepto “otro tipo de obstáculos”, que para algunos sectores podría significar limitantes al derecho de manifestación, garantizado en el artículo 33 de la Constitución Política de la República.

Según Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), hay una intencionalidad solapada a través de la Ley de criminalización de las protestas sociales, a partir de restringir derechos en el país como el derecho a manifestar.

Pascual dice que están realizando un análisis de la Ley para presentar las acciones legales correspondientes, y las inconstitucionalidades que esta tienen como el restringir los derechos de las persona.

Entre tanto, Amílcar Pop, diputado de Winaq, dice que existe una preocupación comunitaria que puede generar conflictividad respecto a dicha Ley, principalmente porque a las comunidades no les fueron resueltas sus necesidades.

Se trató en varias ocasiones de contactar a las autoridades de Gobierno responsables de aplicar la normativa, sin embargo no se logró comunicación con el Ministro Alejandro Sinibaldi ni con el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.