La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su preocupación por las condiciones de vulnerabilidad en las que defensores humanitarios y las organizaciones de DD.HH., nacionales o internacionales, ejercen su trabajo en Guatemala.
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OACNUDH manifestó su preocupación por las condiciones de vulnerabilidad que defensores de derechos humanos tienen que afrontar al realizar su trabajo, en particular, de la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de los pueblos indígenas, en el marco de la explotación de los recursos naturales.
En este contexto, la entidad internacional lamentó la reciente decisión de la Dirección General de Migración de cancelar la residencia temporal de dos personas, una de nacionalidad española y otra de origen chileno, pues la OACNUDH aduce que ambos en cumplimiento de la defensa de derechos humanos, también han brindado acompañamiento internacional a grupos de defensores en Guatemala.
La española Éricka Maritza Martínez García y el chileno Danilo Denis Guerrero, cuya residencia en el país fue cancelada la semana pasada, eran miembros de Brigadas de Paz, cooperación internacional que trabaja en la promoción y defensa de derechos humanos en varios países, como elementos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho.
Sin embargo, el ministro de Gobernación, Mauricio López, en recientes declaraciones argumentó que la decisión de cancelar las visas a los activistas se tomó porque alteraron el orden público durante una manifestación contra la mina Progreso VII Derivada El Tambor, en San José del Golfo, el pasado 23 de mayo.
Según el titular de la cartera, existe suficiente evidencia basada en fotografías que muestran a los extranjeros lanzando piedras y otros objetos a las fuerzas de seguridad que pretendían desalojar a los protestantes de La Puya.
En tanto la DGM comunicó que el próximo 10 de julio los miembros de BIP deberán abandonar el país por su propia cuenta o de lo contrario, procederá la expulsión definitiva.
Por ello, la OACNUDH hizo un llamado al Ministerio de Gobernación para que revise la decisión de cancelar la residencia temporal a los dos miembros de Brigadas de Paz y a garantizar el ejercicio de las labores en defensa de los DD.HH., en un entorno seguro y propicio, de conformidad con la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos y la Resolución 22/6 sobre Protección a Defensores del Consejo de Naciones Unidas.
Cabe mencionar que ambientalistas, campesinos y pueblos indígenas mantienen una férrea oposición a la explotación de minerales en Guatemala por considerarla una amenaza al cuidado y buen uso de los recursos naturales.