Las grandes extensiones de tierra y sus recursos, especialmente los ríos, son utilizadas para la industria agrícola que genera grandes ganancias, pero no para la producción de alimentos que necesita la población, señala un boletín emitido por la Diócesis de San Marcos, el marco del XV Aniversario del asesinato de Monseñor Juan José Gerardi.
El modelo económico que impera en el país, favorece la desigualdad y privilegia a pequeños grupos a tener acceso a la tierra y el derecho a utilizar las fuentes de agua para la plantación de la palma africana, plátano, banano, plantas ornamentales, entre otros monocultivos de exportación, destaca el escrito.
Las mejores tierras de la zona productiva del departamento no son trabajadas para la producción de alimentos, lo que genera hambre para los sectores mayoritarios de la población y distintos grados de desnutrición en los infantes y adultos mayores, especialmente en el área rural, indica el documento.
La situación de pobreza se agudiza cuando se elevan antojadizamente los precios por el servicio de energía eléctrica, lo que al mismo tiempo provoca conflictos todavía irresueltos entre las comunidades y la empresa distribuidora del fluido, donde el Estado es invisible e incapaz de buscar soluciones efectivas, enfatizó el obispado marquense.
Por otro lado, la concesión de 18 licencias autorizadas para la extracción de metales preciosos representa fuga de los recursos del subsuelo y el irrespeto de parte de las instancias de Estado hacia las consultas comunitarias donde manifiestan su rechazo a las pretensiones extractivas de las compañías transnacionales.
La corrupción que se aprovecha hasta de los desastres naturales, el retroceso en materia de derechos humanos, los altos índices de violencia en contra de la población infantil y femenina, los homicidios que se registran diariamente, comparables con países en guerra, ponen en evidencia la inseguridad ante la débil institucionalidad de la justicia, señala el comunicado.
Ante la difícil situación, la Diócesis local exige que el asesinato de Monseñor Gerardi no quede en la impunidad, que el Estado se responsabilice a buscar soluciones concretas a la problemática socioeconómica del país, se atienda con urgencia a las familias afectadas por el terremoto del 7 de noviembre de 2012 y que los sectores de la población asuman el compromiso de buscar alternativas para mejorar la vida de la población, finaliza el documento.