Hace buen tiempo que los guatemaltecos venimos sintiendo preocupación por el futuro y lo que depara a nuestros hijos y nietos porque lejos de observar avances, hay marcados retrocesos en el país no sólo en materia de seguridad, sino que también en cuanto a la sujeción de los ciudadanos a la majestad de la ley. Pero los acontecimientos están mostrando un lado mucho más dramático, cuando vemos que en medio de esa cultura de desprecio a las leyes y de absoluta impunidad, florecen actividades terribles como la del narcotráfico que se enseñorean, literalmente hablando, del territorio nacional.
Es tal la cantidad de muertos que los crímenes ya no tienen la característica de «alto impacto» que antes obligaba a los fiscales a tomar en cuenta uno que otro caso paradigmático. Por el contrario, lo mismo da que unos policías maten a una ama de casa que viajaba con su esposo en la carretera a El Salvador o que los pandilleros acribillen a pilotos y ayudantes de buses sin mayores miramientos. No digamos la cantidad de personas que son víctimas de asaltos mortales que ni siquiera abren expediente en el inoperante Ministerio Público.
Si la impunidad y la cultura de irrespeto a la ley, visible hasta en la cotidianidad del tránsito, son características de la vida chapina, el precario valor de la vida es algo que espanta y que debiera forzar a una reflexión profunda de los distintos sectores de la sociedad. El Gobierno tendría que ser el que llamara a un gran esfuerzo nacional de reflexión sobre la violencia, involucrando a los medios de comunicación, a los diferentes sectores organizados de la sociedad y a toda la estructura del Estado para buscar mecanismos que nos devuelvan al camino del respeto a la vida y a la dignidad de las personas.
Puede parecer un planteamiento utópico, pero urge que se promueva un gran movimiento nacional de repudio a la violencia, a la cultura de la muerte y que involucre a los ciudadanos en un esfuerzo serio y profundo para contener tanto crimen y tanta matanza. Está visto que el Gobierno no tiene la capacidad (y quién sabe si la claridad y/o voluntad) para enfrentar el problema, lo que nos obliga a los ciudadanos a actuar. Tenemos que echarnos el país al hombro, literalmente, para emprender nosotros la transformación que hace falta para revalorizar a la sociedad, para devolverle valor a la vida y promover el respeto tanto a la dignidad de las personas como al estado de derecho.
Si dejamos esa tarea en manos de los gobernantes, mejor pidamos a Dios que nos agarre confesados porque no iremos a ningún lado. El asunto es dramático porque al final es de vida o muerte y, en honor a la verdad, no queda otra que hacerle frente cada uno en su campo y en la medida de sus posibilidades.