Guatemala es un país de contradicciones y complejidades, y esas dos características que confluyen en la búsqueda de alternativas para consolidar el Desarrollo Rural a través de la legislación.
lahora@lahora.com.gt
Enfrascados en diálogos infértiles y defendiendo posturas radicales, los impulsores y detractores de la iniciativa solo hacen esperar más tiempo al sector campesino por las respuestas que necesita con urgencia para que se apoye su sistema de producción, en medio de una perpetua crisis alimentaria y nutricional.
POR CINDY ESPINA
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Organizaciones “campesinas” y empresarios del agro acaparan la atención del país cuando se discute sobre las iniciativas de Desarrollo Rural Integral, pero el diálogo, conjunto o separado entre esos grupos, se desarrolla en salones de hoteles, instituciones públicas u oficinas privadas. En el campo, nunca.
Por otro lado, las discusiones tienen como protagonistas a miembros de las organizaciones no gubernamentales y a los administradores de las fincas agrupados en gremiales o cámaras, mientras que los campesinos o productores que están en contacto con la tierra y los cultivos rara vez tienen cabida.
Eso demuestra que, aunque se cuenta con los espacios adecuados y con actores capacitados, la legislación no avanza, y los campesinos a quienes se dirigen las propuestas no tienen voz ni voto.
4084
Para que en Guatemala exista un Decreto de Ley que proponga el desarrollo rural integral, al parecer tendrán que pasar muchos años, pues por ahora lo único que existe son iniciativas de leyes, entre las cuales la 4084 es la más discutida y modificada, pero sin voluntad para consensuarla.
La iniciativa de ley para el Desarrollo Rural Integral es sólo uno de los temas pendientes establecidos en los Acuerdos de Paz que no se han cumplido. Durante la firma de la paz se acordó que el Estado para esta fecha ya debería de tener una política que apoyara el desarrollo del área rural de Guatemala, enfocada en los pueblos indígenas.
ENGAVETADA
En el año 2003 el grupo consultivo para los Acuerdos de Paz le recomendó a Guatemala impulsar una ley para el desarrollo rural de los pueblos indígenas.
En las reuniones que dicho grupo realizó para monitorear el avance de los lejanos Acuerdos de Paz, firmados en 1996, exhortaron al país a crear una reforma fiscal progresiva. Con esto se pretendía financiar el sistema de desarrollo rural integral.
Esta recomendación solo dio la pauta para crear mesas técnicas, donde todos los sectores involucrados se sentaron a dialogar más de una vez. Estas mesas nacieron en el tiempo de la presidencia de Alfonso Portillo y se estancaron cuando Óscar Berger llegó al poder.
Fue hasta el gobierno del expresidente Álvaro Colom que despertó, pero el sector privado empresarial se retiró y fue entonces cuando las organizaciones pro campesinos y pueblos indígenas elaboraron una iniciativa de ley que fue ingresada al Congreso por 21 diputados de siete partidos políticos.
Esta iniciativa fue engavetada, para después discutirla en audiencias públicas; luego la engavetaron y discutieron de nuevo en audiencias públicas hasta ahora, que ha sido nuevamente guardada.
En esta breve historia siempre ha existido una intensa discusión, pero nunca acuerdos entre el sector privado empresarial y las organizaciones campesinas e indígenas.
Y mientras estas entidades se enfrentan para ver quién gana el pulso por el tema del desarrollo rural, el sector campesino y los agricultores se enfrentan a una dura realidad en el campo, donde prevalece el hambre.
FUENTE DE DESARROLLO
Sergio Funes, de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI), considera que es necesario que esta iniciativa de Ley sea aprobada, ya que con esto se estaría estableciendo una política de Estado que regule el Desarrollo Rural Integral para los pueblos indígenas.
El representante de ADRI indicó que se debe realizar un proceso que permita una adecuada interpretación y tratamiento de la problemática rural guatemalteca, que no esté influenciada por rezagos ideológicos o planteamientos ideologizados, por protagonismos personales o por intereses sectoriales.
En ese contexto, aunque el presidente Otto Pérez Molina ha manifestado su apoyo a la iniciativa, Funes sostiene que el Gobierno no ha tenido los operadores políticos adecuados para mediar entre los sectores vinculados a la temática del desarrollo rural y del agro.
El presidente de la Asociación de Abogados Mayas, Efraín de León, considera que Guatemala aún no se ha terminado de construir para favorecer a todos por igual, porque cuando se ha intentado, como es el caso de esta iniciativa de ley, los organismos del Estado y sectores empresariales colocan obstáculos, que no permiten que el proyecto avance.
EN OPOSICIÓN
Carla Caballeros, de la Cámara del Agro, asegura que el desarrollo es un tema que no se debe resolver por medio de una ley y agrega que se debe abordar de forma integral.
No solo se requiere de un plan de políticas públicas de largo plazo, sino también implica crear un sistema que asegure el cumplimiento de éstas, explica.
Caballeros indica que también se debe contar con la voluntad de los funcionarios para que apliquen de manera adecuada dichas políticas y que también haya una excelente ejecución de los recursos del Estado, de forma transparente.
La representante de la Cámara del Agro considera que la propuesta de ley de Desarrollo Rural no contiene “nada de desarrollo” y lo que se está proponiendo es una duplicidad de funciones, porque lo que propone ya existe actualmente.
Agrega que en Guatemala se debe de abordar de manera seria una propuesta de desarrollo rural enfatizando en fortalecer el funcionamiento y la institucionalidad de las entidades del Estado, concluye.
David Casasola, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), asegura que la propuesta 4048 no ofrece una manera adecuada de abordar el desarrollo y asegura que la iniciativa se debería de enfocar más en fortalecer políticas que vayan dirigidas a un avance territorial, es decir, que abarque todo el territorio.
Casasola agrega que al momento de crear la iniciativa, no se consultó a todos los sectores implicados, sino que los que participaron tienen una visión y propuesta más inclinada en el área campesina, manifestó.
El abogado maya responde que esto es debido a que en Guatemala no existe una voluntad de diálogo de quienes tienen el poder, porque siempre hay una reacción en contra de todo lo que se reclama, agregó.
De León aseguró que es por esto que los pueblos indígenas reaccionan con manifestaciones y bloqueos, porque es la única forma en que pueden ser escuchados, “como un niño que llora cuando quiere comer”, así es el caso de los pueblos indígenas, puntualiza.
La sensible iniciativa 4048
La iniciativa de Ley tiene políticas que conforman las 10 áreas en las cuales se enfocará la ley de Desarrollo Rural Integral.
Las políticas están enfocadas en pobladores del área rural en situación de pobreza, que sean indígenas y campesinos, y serán aplicadas por medio del instrumento que la iniciativa denomina “Plan de Desarrollo Rural Integral”, administrado por un Gabinete que estará conformado por los ministerios que tendrán a su cargo las diferentes áreas que abordará la ley de Desarrollo Rural Integral.
El gabinete y los otros ministerios serán coordinados a través del Ministerio de Desarrollo Rural, que formulará toda la planificación con enfoque para el desarrollo rural, y que a su vez aplicarán los ministerios de Agricultura Ganadería y Alimentación, de Desarrollo Social, Economía, Salud y Asistencia Social y de Trabajo.
En las 10 políticas mencionadas se tocan tres temas sensibles, que son los que más le incomodan al sector privado empresarial.
El artículo número 3 se refiere al sujeto de la propuesta. Los detractores indican que se está violando el artículo 4 de la Constitución de la República, el cual establece que “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho”.
Esto debido a que la iniciativa de Ley se enfoca principalmente en pueblos indígenas y campesinos del área rural que viven en pobreza.
Pero los que defienden está propuesta de normativa aseguran que esta iniciativa lo que busca es crear igualdad entre los iguales y que incluir a los demás sería poner en desventaja al sujeto de la Ley porque no podría competir con los que tienen más recursos económicos.
El punto más sensible de la iniciativa se encuentra en el artículo 10, que trata sobre la política agraria. Los que no están de acuerdo con la propuesta opinan que es “expropiatoria”, porque podría interpretarse para atentar en contra al derecho de la propiedad privada establecido en el artículo 39 de la Carta Magna.
El párrafo que causa temor a unos e ilusión a otros dice: “La Política Agraria reformará y democratizará el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra”.
Los que están a favor de la iniciativa consideran que no se debe interpretar de esa manera, ya que en ningún momento se establece que se expropiará o confiscará la propiedad privada, sino que regulará la concentración de la tierra por medio de dotaciones y otros mecanismos para tener acceso a la propiedad privada.
Estas tierras serán únicamente las pertenecientes al Estado de Guatemala y se entregarán por medio del Fondo de Tierras (Fontierras).
Otro punto es el de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los detractores aseguran que se podría afectar a los grandes productores, porque atentaría contra la libertad de producción, la agricultura y el comercio.
Esto, porque a su criterio, dicha propuesta indica que el Estado va a promover la producción de determinados productos, pero a esta sólo serán aplicados los sujetos de la ley, no otros.
Esta ley también incluye la consultas comunitarias, que podrían causar dificultad a las empresas extranjeras que quieran invertir en Guatemala, tal es el caso de la conflictividad social que existe alrededor de la minería.
La finalidad es el reconocer y hacer eficaz el derecho al desarrollo integral en el área rural, para mejorar la calidad de vida de las personas que vivan en situación de pobreza, con prioridad a las comunidades indígenas y campesinas.
LAS 10 POLÍTICAS
● Política Agraria
● Económica
● Política Agrícola, Pecuaria, Forestal e Hidrobiológica
● Política Social
● Política Laboral
● Política de Participación Social y Desarrollo Político
● Política Cultural y Educativa
● Política de Reducción de Vulnerabilidad y Gestión de Riesgos
● Política de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional
● Política Socio-Ambiental
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL
Se encargaría de coordinar a los demás ministerios para que cumplan con las áreas que abarca la implementación de las nuevas políticas de desarrollo rural integral.