Debido al incremento de la violencia y el surgimiento del fenómeno de los linchamientos en algunos departamentos del país, el Organismo Judicial (OJ) ordenó seguridad a jueces de Quiché, San Marcos, Chiquimula y Huehuetenango. Organizaciones indígenas descartan que linchamientos se produzcan por la aplicación del Derecho Consuetudinario en las comunidades, caso contrario, se debe a la ineficiencia estatal.
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Al respecto el licenciado Amílcar Pop, miembro de la Asociación de Abogados Mayas indicó que el tema en mención es el resultado de la ineficiencia del estado por no llegar a resolver las necesidades de la población, la cual se encuentra «convulsionada por cuarenta años de conflicto» y este «ha imposibilitado el desarrollo pleno de las autoridades indígenas y del derecho».
El experto agregó que «si el estado garantizara la aplicación del derecho indígena no se caería en estos fenómenos» y que existe «un bloqueo del desarrollo pleno del derecho consuetudinario donde no llega el estado».
Pedro Ixchiú, de la Defensoría Indígena del Instituto de la Defensa Pública Penal señaló que el fenómeno de los linchamientos refleja la ausencia del estado en las áreas de conflictividad, «en ello se ve reflejada la descoordinación en el sistema de justicia».
El jurista de la Defensa Pública Penal indicó además que este fenómeno muestra el «desencanto de la población en la justicia social» y reiteró que las agresiones físicas al extremo del linchamiento se «salen del control del marco legal del sistema jurídico indígena».
Para los citados analistas, el estado ha sucumbido en un nivel de descomposición social nunca antes visto, lo cual genera la conflictividad social y la ingobernabilidad en el país, en el marco de los próximos cambios políticos.
El licenciado Pop indicó que «ante la ingobernabilidad, no sólo la sociedad indígena reacciona sino toda la sociedad.»
El abogado Ixchiú subrayó que «dentro de las sanciones que contempla el sistema jurídico indígena no se contemplan los linchamientos» que todo consiste en un juicio que se realiza frente a la comunidad para que sirva como ejemplo.
Un aproximado de 53 jueces se les ha reforzado la seguridad en los municipios del país considerados con una incidencia alta en el tema de los linchamientos, en algunos casos la seguridad se brindará por los procesos que los jueces conocen, sin embargo esta medida es considerada por algunos analistas como «equivocada» porque no garantiza la seguridad común sino individual.