Ciertamente, hay que decirlo, el Gobierno está en situación de urgencia porque los recursos no le alcanzan para lo esencial, no digamos para mantener el ritmo de gasto de los programas de Cohesión Social. Y conforme pasan los dí­as sin que se pueda avanzar en un verdadero pacto fiscal, se siente el agobio por la escasez de recursos y de esa cuenta prefiere el Presidente lograr respaldo de las bancadas aliadas en el Congreso de la República que continuar el diálogo con los empresarios que son su efectiva contraparte en ese debate. Los empresarios, como el Gobierno, tienen su propio juego y en su caso se trata de prolongar las discusiones lo más que se pueda porque no es parte de sus intereses y compromisos el promover la reforma fiscal. En ese sentido la discusión de un pacto fiscal se entrampa convenientemente y dificulta al Gobierno la disposición de recursos. Pero consideramos que tanto el Gobierno como el sector empresarial, tienen que entender que se trata de una cuestión crucial y de enorme importancia, por lo que retomar el pacto fiscal a la mayor brevedad es urgente porque la alternativa es un paquete tributario que es un nuevo parche orientado únicamente a mejorar los ingresos, pero sin reparar en la contrapartida que es la calidad del gasto que también tiene que abordarse en cualquier discusión seria sobre la tributación y su impacto en el desarrollo del paí­s. No es casual que la señora Clinton haya apoyado la reforma impositiva (tax reform), y que al mismo tiempo apoyara tan claramente a la diputada Nineth Montenegro que clama por la transparencia. Ambas cosas no son incompatibles sino que forman parte de todo el esfuerzo que se tiene que hacer por fortalecer a las instituciones nacionales para que puedan dar respuesta a las necesidades de la población. Pero, repetimos, el paquetazo fiscal que conocerá el Congreso sepulta la posibilidad de una reforma tributaria en serio, como la que debiera salir de un Pacto Fiscal.