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La decisión fue anunciada en Lisboa tras el Consejo de Ministros por la titular de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, quien ya había admitido esa posibilidad el lunes.

   El gobierno de coalición de centro-derecha considera que no podrá proponer a tiempo medidas de austeridad para sustituir las que fueron recientemente rechazadas por el Tribunal Constitucional, y que serían necesarias para recibir el último tramo de ayuda.

   Albuquerque dijo que el gobierno quiere responder en conjunto a este y otros eventuales contratiempos, en referencia a las medidas que los jueces del Tribunal Constitucional aún evaluarán.

   “Para que se pudiera hacer el desembolso (del último tramo), tendríamos que anunciar medidas de sustitución hasta finales de junio, y el gobierno no ha considerado oportuno hacerlo”, afirmó la ministra.

   En la práctica, la decisión implica que Portugal termina el programa de ajuste con un fracaso en la duodécima y última revisión de la «troika» compuesta por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Portugal había aprobado en un primer momento la revisión, pero la «troika» dejó en suspenso esa aprobación tras la anulación de varias medidas de ajuste.

   Albuquerque considera que esto no afecta a la credibilidad del país y cree que «reabrir el programa» es lo que «podría» ser problemático.

   El gobierno considera que sería más perjudicial mantener en suspenso la evaluación final de la «troika» a prescindir del último tramo, ya que también recuperó el acceso a los mercados.

   Formalmente, el programa terminó el 17 de mayo. Los partidos que integran el gobierno, PSD y CDS-PP, llegaron a celebrarlo durante la campaña para las elecciones europeas.

   Después de Grecia e Irlanda, Portugal fue el tercer país europeo en negociar un programa de apoyo financiero con la «troika», tras la crisis de la deuda soberana.

   El país negoció en 2011 un rescate de 78.000 millones de euros para un periodo de tres años, comprometiéndose a llevar a cabo políticas de austeridad promovidas por la «troika».

   También hoy, la agencia de calificación Moody’s afirmó que la consolidación fiscal se complicó después del Tribunal Constitucional rechazara tres de las medidas de austeridad para 2014. Sin embargo, la agencia de calificación sigue siendo optimista sobre el cumplimiento de los objetivos para este año.

   La ministra de Finanzas corroboró ese punto, reiterando «el compromiso total con los objetivos».

   Como prueba de este compromiso, y a pesar de haberse negado a presentar medidas alternativas a los recortes salariales inconstitucionales, Albuquerque anunció el regreso de las reducciones salariales que estaban en vigor en la administración pública entre 2011 y 2013.

   Esto significa que los funcionarios públicos con salarios superiores a 1.500 euros sufrirán recortes progresivos de entre el 3,5 y el 10 por ciento.