El problema de opinión pública al que se metió el gobierno de Pérez Molina, parece ser, ahora sí, el más complicado de su gestión hasta el momento. El otorgar en usufructo tierras de la Portuaria Quetzal a la subsidiaria de la empresa española TCB amenaza con ser una carga el resto del periodo presidencial y que, seguramente, si se concreta por completo, será uno de los temas de debate en los foros de candidatos a presidente dentro de poco.

Tanto es así, que el partido del autodenominado líder de la oposición, ya dijo, mediante campo pagado, que de llegar al Ejecutivo –lo que ya da por hecho–, declarará lesivo ese contrato. Y de ser así, de todas formas resultaría perjudicial para el Estado de Guatemala, pues seguramente se harían demandas por falta de certeza y protección a las inversiones.

Es decir, pues, que con nuestros dirigentes políticos actuales, de todas formas parece que estamos en problemas por lo que tendremos que pagar algunos platos rotos.

Sin embargo, si algo debe considerarse en este caso, es que parte de las intenciones de modernizar los puertos del país, se debe a que, como dicen los adoradores del mercado, el Estado es deficiente por naturaleza. Algo que no creo ni por asomo, pero que en Guatemala cada día gana no solo adeptos, sino razones para sumar opiniones a favor.

Y es que es cierto que, la mayor parte de las entidades públicas parecen ser tan ineficientes, que cualquiera que quiera hacer un negocio con los servicios que deben ser públicos logra rentabilizarlo, porque los usuarios primero se cansan de que los responsables medio cumplan sus deberes cada vez que les da la gana y no cuando deben hacerlo.

Parte de la culpa de que el Estado en nuestro país sea calificado de ineficiente, es de los sindicatos de trabajadores cuyos líderes parecen no haber trabajado un solo día en su vida. Siempre están alegando que el modelo económico en el que nos basamos es neoliberal, capitalista y favorece intereses empresariales.

Sin embargo, parece que jamás se han preguntado cuánto contribuyen ellos y su aparente haraganería con ese modelo, que dicen odiar, pero que alientan a seguir implementando por su ineficiencia.

Varios empresarios piensan que el Estado es el lugar más seguro para invertir, pero algunos dirigentes de trabajadores empezaron también a vivir de todos los gobiernos bajo amenazas de paros si no les dan incremento salarial por encima del promedio, un bono extra y hasta por antigüedad sin dar nunca nada a cambio.

Quieren horarios de labores de unas cuantas horas y recibir el salario hasta con horas extras. También los sindicatos, que en otro tiempo defendían ideales más en línea con intereses reales de los trabajares, ahora lo que promueven, inconscientes y ciegos en la supuesta defensa de sus derechos, es la mera ineficiencia de la que tanto se habla.

Y Dios guarde que alguien lo diga, porque será el enemigo de los trabajadores. Lamentablemente, todos en este país, parecen defender a su propio sector, pero jamás intereses nacionales que luego permitan a cada ciudadano vivir acorde a una realidad digna.

Si bien es cierto que los negocios en los terrenos de la portuaria que hoy tenemos en primeras planas no parecen ser la forma más acertada –desde la perspectiva política– de hacer competitivo y moderno al país, también lo es que los sindicatos, en lugar de contribuir a generar mejores condiciones económicas incluso para sus afiliados, lo que han hecho, en los últimos años, es ayudar a que tengamos un Estado ineficiente, que no es por naturaleza -como dicen los adoradores del mercado-, sino por pura voluntad de quienes lo administran y que no es desaprovechado por quienes hacen de la gestión pública su estilo de vida.