El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), a través del acuerdo gubernativo 533-213 que se publicó hoy en el Diario de Centro América, autorizó a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) para llevar a cabo un proyecto valorado en Q71.1 millones sin sujetarse a los requisitos de licitación pública y cotización.
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De acuerdo con la publicación, la iniciativa implica la construcción y supervisión del proyecto denominado “Construcción Infraestructura Portuaria Protección Costera Lado Este, Puerto Quetzal”.
El proyecto tiene asignado un presupuesto de hasta Q71,189,883 millones de la Empresa Portuaria Quetzal, de los cuales se destinarán Q64,526,631.6 para los trabajos de construcción y Q6,663,251.84 para los trabajos de supervisión del proyecto.
Según el acuerdo, el plazo para efectuar la contratación finalizara el 31 de diciembre de este año y la EPQ será directamente responsable de las obligaciones que deriven del cumplimiento del proyecto.
CUESTIONABLE
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo que la contratación por excepción se encuentra establecida en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, pero considera que no siempre se justifica el uso de esa figura, por lo que la normativa debe ser reformada.
Además, Barrientos indicó que las compras y contrataciones por excepción son cuestionables y ante la falta transparencia, considera que los proyectos deberían ser abiertos, transparentes y competitivos. «El uso y abuso del caso de excepción, limita garantizar estas tres condiciones», expuso.
“EMERGENCIA”
El viceministro de Comunicaciones, Rubén Mejía, argumentó que se autorizó la contratación por excepción para el proyecto debido a la “emergencia” que se suscitó con “el crecimiento del mar”, lo que pone en riesgo a las viviendas que se encuentran cercanas al Puerto Quetzal, así como al mismo puerto y a una variedad de árboles de mangle.
Mejía no tiene detalles de los trabajos, ya que será la EPQ quien explique estos al momento de realizar la contratación; el acuerdo del proyecto expone que la obra evitará el potencial impacto de un aumento en el oleaje, que eventualmente podría llevar a un colapso total del canal de Chiquimulilla.
El interventor de EPQ, Allan Marroquín Castillo y Gustavo Martínez, secretario General de la Presidencia –uno de los firmantes del acuerdo– no respondieron las llamadas a sus teléfonos para aclarar dudas.
ANTECEDENTE CUESTIONABLE
La entrega en usufructo de terrenos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a la compañía Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) –subsidiaria de la empresa española Terminal de Contenedores Barcelona–, levantaron una serie de críticas a la gestión del presidente Otto Pérez Molina por la poca transparencia en la que se concretó el negocio.
El convenio del usufructo, por la entrega de 384 mil 171 metros cuadrados durante 25 años, fue firmado el 11 de julio del 2012.
El negocio se dio a conocer hasta el 2 de agosto y no por las autoridades, sino por diputados de Lider, que denunciaron un plan para privatizar el Puerto Quetzal. Después se cuestionó por qué se eligió a la empresa española TCB y su subsidiaria TCQ, y no se hizo una licitación pública internacional.
Trabajadores suspendieron labores durante varios días, por lo que se estableció una mesa de diálogo que sólo funcionó durante el 2012. Varios recursos legales contra el contrato se presentaron, pero fueron rechazados.