La captura ayer del ex presidente Alfonso Portillo significa un gran paso para la justicia guatemalteca, ya que, por fin, una figura que tuvo una alta investidura deberá enfrentar proceso por supuestos delitos cometidos durante el ejercicio de la función pública. Sin embargo, si creemos que la aprehensión es un éxito rotundo, estamos equivocados, porque esto apenas es la punta del iceberg.
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Para entenderlo mejor, habrá que recordar que Portillo llegó a la Presidencia de la República, no como el candidato natural del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), sino como una especie de testaferro de Ríos Montt que tenía (y debería tener aún) impedimentos constitucionales para ser candidato.
Esta condición de testaferro tuvo que haberla mantenido desde que fue candidato hasta que asumió como Presidente. Detrás de él, debió (debe aún) tener una estructura que le indicaba qué hacer y hacia dónde desviar el dinero que hoy día se le acusa de haber conspirado para su lavado.
Supongo que, con la captura de Portillo, se esperará profundizar en la investigación contra esta red criminal que está detrás y que acuerpa toda una estructura de corrupción que se extiende, no sólo por Guatemala, sino por Centroamérica, incluso.
El problema con esta estructura criminal es que, al igual que el caso de Rodrigo Rosenberg, se creyó que jamás la justicia iba accionar y descubrir elementos de prueba suficientes para establecer una hipótesis fuerte.
Esta estructura criminal que utiliza Portillo como testaferro es la que realmente está dañando al país. Se ha adueñado del sistema de justicia y es la principal explicación sobre el porqué las investigaciones y los procesos no avanzan para ciertas personas y ciertos delitos.
Y, como muestra, un botón. Portillo, seguro de que esta red criminal está adueñada del sistema de justicia, no debió temer nunca por su captura. Tras dejar la Presidencia, cuando se iniciaron los procesos para su captura, la fuga de información interna al sistema de justicia le advirtió, por lo que el ex presidente se fugó hacia El Salvador, y luego para México.
El proceso de extradición tuvo su principal traba en los juzgados locales, y no en México. Al igual que acá, Portillo trabó el proceso en México con miles de recursos, y cuando se terminaron de dilucidar, México lo extraditó sin tardanza, a pesar de que Portillo indicó que él retornaba voluntariamente, lo cual no tiene mucho sentido, ya que no regresó en avión comercial, sino aterrizó en la Fuerza Aérea.
En su retorno, no debemos olvidar que hay serios indicios de que el mal recordado juez Xitumul debió de haber tenido fuertes presiones para que lo dejara libre bajo fianza de un millón de quetzales, la cual se pagó como se junta dinero para una ronda más de cervezas. El tiempo no dio la razón a Xitumul, porque sí había peligro de fuga.
Quiero decir, pues, que todo el sistema de justicia estaba corrompido y que Portillo no habría podido ser capturado si no existiesen la CICIG y sus reformas propuestas, como la de implementar, sin más tardanza, las escuchas telefónicas. Hay que recordar que precisamente la propuesta de traer a la CICIG fue porque sabemos que el Estado ya está completamente corrompido y que no había forma que desde lo interno del país se pudiera remediar esta situación. Esperemos, pues, que con esta captura se empieza a develar mejor esta maraña que se ha apropiado del sistema de justicia y que logre investigar toda esta red criminal, porque lo de Portillo sólo es la punta del iceberg.