Un gran porcentaje de femicidios reportados en el paí­s guardan una relación í­ntima con la violencia intrafamiliar, la cual se gesta incluso desde las relaciones de noviazgo y llega a consecuencias fatales cuando los hombres, directa o indirectamente asesinan a sus convivientes.

Para la titular de la Comisión Presidencial contra el Femicidio en Guatemala, al menos en tres de cada diez asesinatos de mujeres pueden existir indicios que conduzcan la investigación hacia los convivientes, o ex parejas de las ví­ctimas, las cuales en su momento denunciaron violencia intrafamiliar.

La coordinadora del Programa de Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) refuta esa teorí­a y considera que existen diferencias sociales entre la violencia intrafamiliar y el femicidio, ya que el último es una «patologí­a».

No obstante, las estadí­sticas respecto a los asesinatos de mujeres van en aumento y la impunidad continúa en estos casos. Las mujeres siguen siendo vulnerables ante sus agresores pese a la aplicación de la ley especí­fica para regular la violencia de género.

Según el registro de la citada comisión, de enero a diciembre de 2010 fueron asesinadas en forma violenta 675 mujeres. Al 98 por ciento de las ví­ctimas les fue arrebatada la vida con arma de fuego y el 2 por ciento restante por arma blanca y estrangulamiento.

Marzo, julio y octubre fueron los meses más violentos, según ese informe, con reportes de 61, 57 y 56 asesinatos respectivamente. Guatemala, Escuintla, Jutiapa, Petén, Chiquimula, Quetzaltenango, San Marcos y Cobán, Alta Verapaz son los departamentos con más muertes de féminas.

Esa Comisión concluye que los principales móviles de los femicidios son las extorsiones a mujeres comerciantes o utilizadas para cobrar pagos, sicariato, ataques directos sin robo, en moto y con vigilancia, generalmente provocados por violencia intrafamiliar, asaltos y violencia de género.

VIOLENCIA EXTREMA

El 10 de diciembre de 2007 un brutal crimen conmocionó al paí­s: Jaime Alberto Morales del Cid ingresó a la residencia de suex conviviente, Rosa Marí­a Morales, de 45 años. En el hecho también fueron asesinados Pedro Alberto y Sofí­a Pineda Morales, de 13 y 18 años, hijos del criminal.

El hombre de 55 años acuchilló a su esposa provocándole dos heridas en el estómago, de casi diez centí­metros de largo; los paramédicos reportaron que la ví­ctima presentaba parte de sus órganos expuestos por lo que murió minutos después de su ingreso al hospital.

El victimario tení­a una prohibición expresa de un juzgado de familia para acercarse a su esposa e hijos, ya que la ví­ctima lo habí­a denunciado por violencia intrafamiliar. El Ministerio Público (MP) probó los antecedentes de violencia intrafamiliar a través de prendas incautadas al acusado.

Un suéter color turquesa que perteneció a la ví­ctima fue encontrado en la vivienda de Pineda, el cual presentaba rasgaduras que fueron provocadas el 1 de julio de 2007 cuando su exesposo «intentó matarla con un cincho», indicó entonces la Fiscalí­a. Finalmente el parricida fue condenado a 133 años de prisión por las tres muertes.

SICARIOS

Uno de los casos que podrí­a explicar la hipótesis del sicariato es el de Adelma Esperanza Cifuentes, una mujer de 37 años y sobreviviente de las más brutales manifestaciones de violencia contra la mujer. Según las autoridades, su exconviviente contrató sicarios para asesinarla, pero los criminales no pudieron quitarle la vida.

Pero doña Adelma no es sólo sobreviviente de ese intento de asesinato; también sobrevivió a 14 años de violencia intrafamiliar, se mencionó.

Tras el intento de asesinato, la investigación del MP permitió individualizar a algunos de los autores materiales del crimen, uno de los cuales declaró como testigo protegido en el proceso y vinculó como autor intelectual de ese crimen a René de Jesús Monzón, de 36 años, ex esposo de Adelma, según manifestaron las autoridades.

Fue el 18 de marzo de 2008 cuando un grupo de hombres ingresó a la vivienda de Adelma y le disparó con una escopeta, con la clara intención de matarla, sin embargo no lo consiguieron. La Fiscalí­a probó a través del testimonio del sicario que el exesposo de la ví­ctima habí­a pagado Q6 mil a dos sicarios para asesinarla.

Monzón fue enviado a prisión preventiva, según una resolución del juzgado Primero de Instancia Penal, sin embargo no fue ligado a proceso por violencia contra la mujer, porque el ataque se cometió antes de abril de 2008, cuando fue aprobada la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Posteriormente, el sindicado recuperó su libertad con una fianza de mil quetzales, luego que su defensa lograra reformar los delitos por los que originalmente fue acusado, y en última instancia se le acusó de lesiones graves.

HIPí“TESIS

Alba Trejo, comisionada presidencial Contra el Femicidio, indica que esa hipótesis se sustenta en el análisis de casos de mujeres asesinadas en sectores como Mixco, Villa Nueva y Chinautla, donde la forma de proceder de los asesinos refleja que este fue contratado «directamente» para asesinar a las mujeres.

«En ningún momento le roba, nunca la han amenazado, nunca la han extorsionado y jamás le dirige la palabra; simplemente va, le apunta con un arma y le dispara en la cara. Entonces consideramos que hay parejas donde hay disputas por hijos o propiedades y esto da mucho lugar a que en algún momento el hombre vaya tras esos bienes y la mujer le parece un estorbo porque lo ha denunciado», explica Trejo.

La entrevistada añade que en muchos de los casos analizados, las mujeres son asesinadas a media cuadra de sus residencias, han tenido antecedentes de violencia y separaciones, por lo que el principal sospechoso es el cónyuge o pareja de ese momento.

Trejo explica que actualmente la Comisión tiene mesas de trabajo con el Ministerio Público para definir la ruta de las investigaciones, ya que reconoce que «es muy difí­cil probar el sicariato porque no se está capturando al asesino, sino al sospechoso que no ha percutado ningún arma y por eso han quedado casos muy rezagados», indica.

Sin embargo, Trejo hace énfasis en que estos son hechos sumamente complejos pues «nadie sabe lo que pasa al cerrar la puerta en una casa» y generalmente esto tiene repercusiones fatales.

Walda Barrios, antropóloga y coordinadora del Programa de Género de Flacso, explica que los asesinatos de mujeres «no necesariamente» están vinculados a la violencia de género.

«Empecemos por decir que hay una diferencia muy marcada entre la violencia intrafamiliar y el femicidio: Guatemala ya contaba con una legislación que regulaba la primera, pero hubo necesidad de hacer una ley especí­fica porque lo segundo se trata de otro tipo de patologí­a», explica Barrios.

La entrevistada señala que aunque existen posibilidades que «un marido» que golpea en privado a su conviviente se convierta en un criminal femicida, «no se puede generalizar».

«Eso lo asegura la Comisión ya que ha analizado casos particulares que en efecto así­ ha ocurrido y se puede probar a través del sicariato, pero en Guatemala existe esta práctica como una profesión: hay gente que contrata sicarios para matar no solo a la mujer sino a sus enemigos polí­ticos o de cualquier í­ndole», señala.

La antropóloga explica que los asesinatos a sueldo son un fenómeno social existente en el paí­s pero que «no necesariamente explica el femicidio».

Barrios sostiene sin embargo que «quien contrata a una persona para matar a una mujer puede ser identificado porque tiene en su práctica común actitudes de desprecio, insultos y agresiones verbales y fí­sicas que con el tiempo van subiendo de tono».

INVESTIGACIONES

El MP no cuenta con una fiscalí­a especí­fica para investigar los femicidios, lo cual ha sido ampliamente criticado por organizaciones de mujeres que afirman que estos guardan caracterí­sticas especí­ficas.

La Hora consultó a fiscales de delitos contra la vida, quienes refieren que actualmente se están ampliando las investigaciones para ese tipo de delitos. Uno de los aspectos que resalta un entrevistado es que se tiene una base de datos en la Fiscalí­a de la Mujer, en la que se busca si la ví­ctima tiene antecedentes de violencia intrafamiliar.

«A partir de ese antecedente se pueden ya tener pistas sobre los asesinos pues se puede iniciar con el entorno familiar de la ví­ctima y así­ se van fundamentando las hipótesis», sostiene una fiscal entrevistada, sin embargo enfatiza que no se puede asumir un ví­nculo directo con los cónyuges.

Otro investigador refiere es posible vincular a los ex esposos de las ví­ctimas a través de análisis intercomunicacionales, tanto de las ví­ctimas como de quienes en algún momento las hayan agredido.

La Fiscalí­a de la Mujer del MP sólo investiga casos de violencia de género y el año pasado abrió 13 mil 186 procesos en el Organismo Judicial. Sin embargo, las sentencias emitidas por ese delito conforman apenas el 1.7 por ciento del total de casos ingresados el año anterior. Actualmente se tiene contemplado crear una fiscalí­a para la investigación especí­fica de femicidios, pero no ha sido creada.