El documento empieza señalando que están subiendo los precios del frí­jol, el arroz, las tortillas. «Cada dí­a aumenta el costo de los servicios de luz, agua, transporte, combustible, pasaje, las medicinas, el vestuario, la educación. Todo está cada dí­a más caro, tanto en la ciudad como en el campo y con nuestro salario compramos menos».

La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas critica duramente la insistencia del presidente de Guatemala, el empresario azucarero í“scar Berger de pretender fijar un salario mí­nimo atendiendo el criterio de productividad pues la misma no sólo está alejada de la realidad salarial sino que además es ilegal, porque viola el ordenamiento jurí­dico laboral, sobre todo la concepción que configura el salario mí­nimo. El salario por productividad es trabajar más horas y ganar menos.

El documento destaca de manera contundente que el salario mí­nimo debe responder a las necesidades del trabajador y no al í­ndice de ganancia o renta empresarial. Como Derecho Humano forma parte de los derechos económicos y sociales contenidos en el Protocolo de San Salvador que es adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.

En su artí­culo séptimo, inciso a) del Protocolo de San Salvador aprobado el 17 de noviembre de 1988, los Estados Partes, entre ellos Guatemala, se comprometieron a garantizar una remuneración que asegure como mí­nimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción.

Uno de los Acuerdos de Paz, el relativo a Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, destaca que la paz duradera sólo es posible si se basa en un desarrollo socioeconómico que responda a las necesidades de la población, persiga la justicia social y tenga la capacidad de convocar a la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad en la solución de sus necesidades. También establece que «?una polí­tica de Estado en materia de trabajo es determinante para una estrategia de crecimiento con justicia social».

Por su parte, el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico remarca los estrechos ví­nculos entre la paz y la realidad social. Al analizar las raí­ces históricas del enfrentamiento armado interno, expresa que la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala han sido profundamente excluyentes, antagónicas y conflictivas. En este sentido, los Acuerdos de Paz comprometen a la aplicación de una polí­tica económica orientada hacia el aumento del empleo y que permita elevar progresivamente el ingreso real de los trabajadores. La postura retrógrada del sector empresarial (CACIF) y de su gobierno encabezado por el licenciado í“scar Berger, no solo viola los Acuerdos de Paz sino también los convenios internacionales como el Protocolo de San Salvador. Tanto los trabajadores activos como los jubilados merecen un aumento, pues como dice uno de los estribillos de las organizaciones populares «un pueblo con hambre, es un pueblo sin paz».