El racismo y la discriminación, dos prácticas implementadas en el paí­s desde la conquista española, son caracterí­sticas de la sociedad y del Estado en Guatemala. Los informes de Desarrollo Humano reflejan esta realidad: la pobreza y la pobreza extrema se presentan principalmente en la población indí­gena.

Es indí­gena la mayorí­a de la población que no sabe leer ni escribir, la que tiene menos oportunidades de desarrollo y de tener acceso a los servicios de salud; son los pueblos indí­genas quienes tienen menor participación en los puestos de poder dentro de las instituciones estatales y fueron indí­genas las principales ví­ctimas del conflicto armado interno y del delito de genocidio.

Fueron a los pueblos indí­genas a quienes se les arrebató la propiedad sobre las tierras comunales durante la Reforma Liberal, así­ como en las dictaduras militares, apoyadas por las principales élites económicas del paí­s, a partir de 1954.

Es al movimiento indí­gena y campesino al que se criminaliza cuando decide utilizar el derecho constitucional a la manifestación ante la inequitativa distribución de la tierra y a la destrucción de su entorno natural por la actividad minera. Es indí­gena, también, la mayor parte de la población guatemalteca, alrededor del 60%, y son indí­genas los pueblos que han sido ignorados históricamente por el Estado.

Sí­, es cierto que la Constitución Polí­tica de la República señala que todos los guatemaltecos y guatemaltecas somos iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, acá las leyes, el sistema económico y las instituciones polí­ticas mantienen esa «igualdad» no entre las diferencias, sino entre las desigualdades.

El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indí­genas es, en papel, un buen inicio para la construcción de un Estado plural, en donde verdaderamente se encuentre representada toda la población.

Pero hace falta mucho más que las buenas intenciones. Ya otros paí­ses han avanzado en el tema y, a pesar de la oposición reacia de la derecha, Ecuador y Bolivia se constituyen como Estados que reconocen los derechos de los pueblos indí­genas.

Ya en el Congreso de la República se encuentra una iniciativa de ley presentada por la Coordinadora Nacional Indí­gena y Campesina, la Asociación Polí­tica de Mujeres Mayas, la Defensorí­a Maya y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, que pretende, entre otras cosas, que el Estado y sus instituciones cumplan con el deber de observar y respetar los derechos de las y los indí­genas en Guatemala.

Si queremos un paí­s verdaderamente democrático, debemos empezar a reconocernos tal cual somos, e interesarnos por construir un Estado que no represente los intereses de los grupos tradicionales sino de toda la población.