A mediados de semana terminará la vigencia del Estado de Prevención que fue decretado por el Ejecutivo para normalizar la situación derivada del paro del transporte pesado y tanto ese problema como los que en general afectan al transporte de pasajeros no han sido encarados por las autoridades competentes con propiedad, lo que nos hace suponer que pueden producirse nuevos focos de conflicto en los próximos días.
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El Gobierno no encontró otra salida a la crisis en el abastecimiento de los combustibles provocada por el paro del transporte pesado que la suspensión de las garantías constitucionales, lo que les permitió actuar para reprimir a los pilotos que habían detenido sus unidades en busca tanto de atención a reclamos laborales, como al que vienen haciendo en contra de la disposición municipal de restringir la circulación de los camiones. Todo ello sigue siendo materia pendiente y lo será cuando lleguemos al fin del Estado de Prevención, no obstante que al día siguiente de que fuera dictada esa medida extraordinaria muchos pedimos que se iniciara de inmediato la búsqueda de soluciones definitivas a la problemática, pero como siempre, terminamos por entretener la nigua.
La actitud del gobierno de ílvaro Colom al proceder a la suspensión de las garantías constitucionales hay que tomarla como reflejo de lo que será su proceder frente a las demandas sociales que se vislumbran ya como resultado de una crisis cuyos efectos apenas están empezando a sentirse. Y es que hay razones para suponer que las cosas van a continuar difíciles porque basta ver la respuesta destemplada que recibió Bush de sus aliados en Arabia Saudita cuando les propuso que se aumentara la producción de crudo para bajar los precios, para darse cuenta que no estamos frente a una escalada pasajera en el valor del petróleo y sus derivados.
Creo que hace falta fortalecer los mecanismos institucionales de atención a la demanda social para que la gente pueda encontrar respuesta a sus planteamientos sin necesidad de llegar a la adopción de medidas de hecho. Cierto es que eso tomará su tiempo y que cabalmente ahora lo que más nos falta es tiempo para encontrar respuestas a una crisis que no fue causada por las autoridades, pero que los obliga a utilizar no sólo el sentido común sino además el ingenio para sortearla de manera que no termine por generar condiciones de ingobernabilidad. Y sabemos que las medidas de fuerza, dentro de las que la suspensión de garantías constitucionales es el cimiento legal, no son efectivas para contener reclamos que son justificados como los que se irán produciendo cuando vaya apretando el zapato y se incremente la espiral en los precios de los bienes y servicios.
Es lamentable, sin duda alguna, ver que por enésima vez las autoridades muestran su incapacidad para aprovechar el tiempo y las circunstancias, porque estas dos semanas debieron utilizarse para promover el diálogo y la solución a los problemas del transporte pesado y de paso adelantarse a eventuales conflictos por el precio del pasaje urbano, pero lejos de ello se desperdició el tiempo y ahora, cuando ya estamos a un par de días del fin del estado excepcional en materia de orden público, debemos empezar a prepararnos para un conflicto que puede ser mayor, como el que generarían los usuarios si sube el pasaje o el que provocarían los transportistas si se van al paro.