Luego del fallo de la Corte de Constitucionalidad al otorgar Amparo Provisional al licenciado Ricardo Sagastume, determinando que el período de la Fiscal General de la República, doctora Claudia Paz y Paz vence en mayo, vuelve a surgir el tema de la extraordinaria polarización que hay en la sociedad guatemalteca por cuestiones ideológicas y es que no se puede ocultar que en ese asunto cobra extraordinario relieve el papel de la misma Corte de Constitucionalidad que tomó partido en la disputa cuando anuló la sentencia contra Ríos Montt en una resolución que abrió muchas heridas y planteó enormes dudas sobre el tráfico de influencias.

Y es que no se puede negar que desde hace muchos años la Corte de Constitucionalidad ha sido escenario de perturbador tráfico de influencias, especialmente el que dirigen y mantienen grupos de abogados que, habiendo sido magistrados suplentes, mueven muchos de los hilos para influir en resoluciones de trascendencia, especialmente cuando se trata de apuntalar el régimen de impunidad que tanto daño le ha hecho al país.
 
 La Corte de Constitucionalidad se ha convertido en uno más de los muchos escenarios de la intensa lucha que hay no únicamente en el plano ideológico, sino entre quienes promueven la lucha contra la impunidad y quienes se benefician de la existencia de un sistema que apaña la vulneración del Estado de Derecho cuando se trata de proteger intereses de los peces gordos no sólo de poderes económicos tradicionales, sino también de los muchos que han ido emergiendo al amparo, precisamente, de ese juego perverso en el que la violación de la ley es apañada por la institucionalidad.
 
 Personalmente he dicho varias veces que la fiscal Claudia Paz y Paz ha logrado avances en el tema del combate a la impunidad y que hay resultados satisfactorios en su gestión, no sólo por temas relacionados con la guerra que sufrimos los guatemaltecos, sino también contra bandas y pandillas de crimen organizado que han sembrado zozobra con robos, asesinatos, secuestros, extorsiones, despojos de propiedades y otros delitos que afectan a la ciudadanía en general. También he criticado que en el tema de la corrupción, que sigo considerando madre de todos los vicios y que es al mismo tiempo fuente y efecto de la impunidad, su mandato ha sido prácticamente irrelevante porque los grandes negocios y el enriquecimiento ilícito de tanto funcionario de alto nivel no han merecido ni siquiera tibias investigaciones.
 
 Pero en la decisión de la CC de otorgar el Amparo Provisional en la forma en que lo hace, prácticamente marcando lo que será la resolución al Amparo definitivo, no deja de tenerse que contrastar en el plano de la polarización señalada, puesto que es la misma Corte de Constitucionalidad que ya se preocupó por proteger al general Ríos Montt y que ahora se preocupa por asegurar la pronta salida de la Fiscal General bajo cuyo mandato se realizó el proceso contra el veterano dictador. No se puede dejar de plantear la controversia ideológica porque la misma fue puesta sobre la mesa por la CC con una sentencia que dejó a muchos boquiabiertos y que aún hoy resulta incomprensible para analistas locales e internacionales.