La falta de recato es general en el país y no se limita únicamente a cuestiones como la forma en que para justificar un negocio hasta el Vicepresidente de la República acusa a la Organización Panamericana de la Salud de habernos estafado durante 25 años de vendernos las vacunas. Obviamente la OPS ya ha dado algunas respuestas que dejan en evidencia a quien presume de autoridad científica, pero repito que ese caso es apenas una de las tantas manchas que ya tiene nuestro tigre.
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El tema que me ocupa hoy es una declaración del Fiscal que tiene a su cargo el caso del asesinato de los policías en El Boquerón, quienes habían confesado su participación en el asesinato de los diputados del Parlamento Centroamericano, porque si alguna duda le quedó a algún iluso respecto a la forma en que el Ministerio Público encubre los crímenes, lo dicho por el fiscal Alfredo Solórzano tiene que ser suficiente para despejarla.
En efecto, tras conocer el informe del Procurador de los Derechos Humanos sobre ese hecho de sangre, en el que señala la participación y presencia de funcionarios de policía en el presidio el día del asesinato y la forma en que el Ministerio Público desvió las investigaciones para centrarlas en el grupo de pandilleros también internos en esa cárcel de «máxima seguridad», el Fiscal dijo que no está investigando ninguna otra posibilidad porque para él los culpables son los pandilleros que ya fueron absueltos por un juzgado. «Que hayan sido absueltos no quiere decir que sean inocentes», dice el Fiscal, pero no explica que la absolución fue porque no pudieron probar la participación de los sindicados en el hecho simplemente porque los que eliminaron y callaron para siempre a los policías fueron otros.
Por qué el fiscal general de la época, Juan Luis Florido, decidió separar la investigación del caso Parlacén y la del asesinato de los policías que mataron a los diputados es algo que tendrá que esclarecerse oportunamente porque cualquiera con dos dedos de frente tenía que entender la íntima e indisoluble vinculación de los dos hechos criminales. No hacía falta ser un sesudo fiscal para entender que a los policías los mataron para que no hablaran y nadie se tomó la molestia de averiguar, como lo hizo posteriormente la PDH, por qué y cómo fue que los concentraron en El Boquerón y quiénes dieron las órdenes para su traslado a un lugar donde era fácil que entraran los asesinos a silenciarlos para que no pudieran implicar en el caso a quienes estaban arriba en la cadena de mando. Porque un tumbe de la importancia que tenía el que hicieron en esa oportunidad no se hace sin salpicar a los de arriba y por ello fue que los policías habían dicho que si los trababan, se llevarían entre las patas a sus jefes.
Que los pandilleros los hubieran matado fue algo que no se creyó nadie, ni siquiera el fiscal del caso ni el Fiscal General de la época porque Juan Luís no es ningún pendejo y hubiera tenido que ser verdaderamente idiota para tragarse una patraña de ese tamaño. Pero tampoco deben suponer que los guatemaltecos somos tan burros como para aceptar la viciosa tesis. Por ello es que digo que aquí se perdió el recato elemental y hasta los tontos de capirote nos quieren ver la cara de babosos.