Ante el aumento de un servicio como es la luz, del cual nadie puede prescindir y donde existe una sola oferta, ¿a quién le corresponde velar porque no se esté abusando del consumidor?, ¿A las cámaras empresariales, a las iglesias, a la sociedad civil, a los padres de la patria, al Ministerio de Economía, a la Comisión de Protección al Consumidor? Seguramente a todos de diferente forma pero indudablemente a quien más le corresponde la obligación de velar por los millones de consumidores domiciliarios, los miles de pequeños y medianos empresarios es al Organismo Legislativo, a los 158 diputados sin excepción y muy en particular a la Comisión de Protección al Consumidor del Legislativo y en el Ejecutivo a la Dirección de Protección al Consumidor.
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Qué interesante sería que Nineth Montenegro, Roxana Baldetti, Manuel Baldizón se fajaran en este tema; que los secundara Mariano Rayo, Oliverio García Rodas, Arístides Crespo, Mario Taracena Díaz-Sol y también qué importante sería que el tema se convirtiera en algo que evitara, por lo menos en parte, el aumento de precio por kilovatio que tiene que pagársele a los generadores, a las municipalidades y al Gobierno central el consumidor de la energía. Eso sí sería fiscalizar y evitar que un servicio monopólico perjudicara a los guatemaltecos en la totalidad de los municipios del país.
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También es urgente que se revise la tarifa social y a diferencia del gobierno de í“scar Berger que la rebajó de 300 kilovatios de 100 kilovatios al mes que se había establecido en el gobierno de Alfonso Portillo, se ponderara y se aumentara de nuevo para que fuera suficiente para cubrir las necesidades de los guatemaltecos que dependen de un salario mínimo o de un bajo salario fijo.
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Usando la información comprobaremos que 100 kilovatios significan cuatro focos de 60 vatios, un televisor, una plancha, un radio, como máximo. Si a esos escasos electrodomésticos le agregamos una refrigeradora o un horno de microondas, ya nos pasamos de los 100 kilovatios que es la tarifa social, lo que implica que ningún hogar de clase media baja puede estar en esa tarifa.
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Si a ese nuevo aumento le sumamos lo que actualmente cuesta la canasta básica de alimentos, como bien dijo públicamente una señora en la prensa, tendrá que dejar de comer parte de lo que actualmente come cada familia guatemalteca.
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Esperar que el presidente de la Cámara de Industria, que el presidente de la Cámara de Comercio o que la junta directiva de CACIF salga pidiendo la revisión de los contratos, planteando que no se debe de abusar de los millones de consumidores de un servicio público esencial como es la luz, es querer tapar el sol con un dedo y por eso aunque el director ejecutivo de la Cámara de Industria haya dicho públicamente que «hay industrias que dependen en un 70% sus costos de producción de la energía eléctrica», pueden estar seguros que él y la cámara de donde es un alto empleado no hará absolutamente nada.
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Qué opinan los sindicatos, las cooperativas y demás de este nuevo aumento. Le dirán al ministro de Trabajo, í‰dgar Rodríguez que en lugar de estar dándole vueltas a lo que es el procedimiento de actualización de salarios mínimos, vea, compruebe que para aumentar el costo de los servicios públicos, los alimentos, los productos importados y depreciar el quetzal, no se tientan el alma. Pero, en cambio, dolarizar los salarios, indexar el aumento de todos los salarios, incluyendo el salario mínimo, es un tabú.