Los informes de organizaciones sociales indican que en el paí­s mueren violentamente aproximadamente 17 personas al dí­a desde el anterior gobierno. Sin embargo, los hechos de violencia no son el único blanco de atención en la mira de sociedad, también lo es la percepción que manifiesta la ciudadaní­a sobre este tipo de hechos descritos a través de los medios de información.

La noticia sobre el hallazgo de uno o varios cuerpos con las ya caracterí­sticas señales de violencia (estrangulamiento, ataduras en pies y manos y otras señales de tortura), despierta en muchos lectores la inquietud por emitir una opinión al respecto, las cuales reflejan la apreciación que la población tiene sobre este tipo de hechos.

En algunos de los comentarios se puede leer: «lo que se siembra, se cosecha, si éstos (los difuntos) pertenecí­an a pandillas pues son tres delincuentes menos en el paí­s», «tanto delincuente juvenil nos acecha a diario. Si estos patojos eran buenos qué lástima pero si eran pillos enhorabuena que sigan exterminándolos», por citar algunos.

Análisis

Según Clara Arenas, de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (Avancso), el pensamiento dominante en el paí­s, tanto del lado de las fuerzas de seguridad, como de la ciudadaní­a, es que «hay que actuar de manera fuerte y represiva. No se habla mucho de prevención en Guatemala», citó la experta.

Arenas agregó que desde las instituciones de seguridad, se trabaja con medidas inmediatas como «violencia en respuesta de la violencia», la entrevistada explicó, también, que es necesario entender que la violencia es el reflejo de una sociedad que tiene muchos problemas.

La analista hizo énfasis en el tema de la impunidad. Al respecto expuso que «la justicia en el paí­s no es pronta y cumplida y se mantiene una situación permanente de impunidad, lo cual genera que la justicia quiera tomarse por mano propia», detalló.

Situación comprensible

Carmen Aí­da Ibarra, analista en temas de seguridad de la Fundación Myrna Mack, opinó que desde hace años se manifiesta en el paí­s la tendencia a apoyar las «soluciones extrajudiciales» para combatir la violencia y la criminalidad. «No es nada raro que al í­mpetu de los linchamientos se suma la aceptación a las prácticas de limpieza social y se tome como blanco a presuntos delincuentes o mareros, porque representan una amenaza a la sociedad». Para Ibarra, este fenómeno se cultiva desde hace muchos años a medida que el Estado no da respuestas adecuadas al clamor por la justicia y la seguridad. «No lo respaldamos pero sí­ lo entendemos, porque la población está desprotegida, el Estado no le da seguridad a la población que está expuesta a la violencia y la inseguridad cada dí­a», apuntó la analista.

Limpieza social

Ibarra añadió que las ejecuciones extrajudiciales han existido desde el Conflicto Armado y que éstas pretendí­an eliminar los presuntos enemigos del Estado como sindicalistas, guerrilleros, entre otros. «La práctica se incrementó de nuevo pero esta vez dedicada a eliminar la delincuencia común o a las maras». La analista explicó finalmente que la «limpieza social» no se trata sólo de las estructuras que han penetrado a la Policí­a Nacional Civil (PNC), sino en la existencia de grupos de sicarios, que son pagados por gente con poder económico para negociar una eliminación fí­sica; la cual puede también, aunque en menor grado, incluir a niños y jóvenes en la calle, homosexuales, trabajadores del sexo, entre otros.

Desde el Estado

Ronaldo Robles, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, opinó sobre el tema: «En principio se trata de anomalí­as de nuestro sistema jurí­dico. Nos hemos convertido en una sociedad prejuiciosa, empezando por jueces y abogados que litigan por los medios de comunicación», manifestó.

El secretario presidencial dijo además que «los medios de comunicación fortalecen la idea sobre que si tiene tatuajes, era pandillero; con lo que logran que el imaginario colectivo acepte que es bueno que los maten». Robles dijo finalmente que el gobierno de turno está tratando de fortalecer el Estado de Derecho, el aporte de pruebas y las investigaciones, pero que «todos los problemas hay que verlos con un lente más amplio, porque no es responsabilidad sólo del Gobierno, es un problema de medios de comunicación, de la cadena de justicia y de todos los que actúan en ella».