Salvo las impactantes declaraciones y señalamientos de la Fiscal costarricense Giselle Rivera sobre los casos Pavón, Infiernito, Parlacen y demás asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio ha producido en el país un gran número de noticias, opiniones e inclusive un campo pagado de Harold Caballeros y Adela de Torrebiarte, lo que nos permite confirmar que esta iniciativa lleva muchas piedras y produce mucho ruido.
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En lo específico, el día 13 y 16 de agosto, bajo el título «Inmenso peligro» abordé dicha iniciativa, señalando que los diputados ponentes: Mariano Rayo Muñoz y José Alejandro Arévalo, eran economistas y que por lo complejo, desde el punto de vista constitucional y jurídico, me llamaba la atención que ellos fueran los ponentes de la propuesta.
Al ver todo el trabajo desplegado por Mariano Rayo y Oliverio García Rodas, que también comenté el 8 de septiembre bajo el título: «Gato por liebre», se me forma la opinión que el gran interés evidenciado por estos dos diputados no sólo es inusual, sino que refleja las fuerzas que les requieren intereses específicos para que esta iniciativa de ley se apruebe, predominantemente la embajada norteamericana.
En lo particular, vuelvo a señalar, como lo hice y consta en la mesa de diálogo el día viernes 22 de octubre, no me opongo a que se apruebe una Ley sobre Extinción de Dominio, lo que no acepto, rechazo y vuelvo a reiterar, como lo hiciera el 13 de octubre, bajo el título: «No es lo mismo Colombia que Guatemala», que la ley contenga inconstitucionalidades, específicamente debe respetarse la presunción de inocencia, el debido proceso y la no retroactividad de la ley.
Estos aspectos también los señalé ante los escasos diputados que atendieron la mesa de diálogo que -con el patrocinio internacional- realizó la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en el Hotel Camino Real, donde al igual que yo, el presidente del Colegio de Abogados, CEDECON, y la mayoría de los que participaron ese día y el jueves 28 de octubre en la segunda reunión que realizara la comisión en el Salón del Pueblo, en el Congreso de la República, en las que coincidimos con los planteamientos hechos por Azasgua, CACIF, Cámara del Agro y Cámara de Industria.
Al examinar las enmiendas a esta ley que sin firmas empezaron a circular y que lentamente Mariano Rayo y Oliverio García Rodas lograron el respaldo para poder presentarlas al pleno, con tristeza y preocupación se comprueba que la mayoría de observaciones que hicieron fundamentadamente los participantes de la mesa de diálogo, no fueron tomadas en consideración y se mantiene el articulado que vulnera la presunción de inocencia, aspecto que se evidencia cuando en el artículo 10, inciso 1) se garantiza «probar el origen lícito de su patrimonio o de los bienes, cuya ilicitud se discute o su adquisición de buena fe». Esta redacción implica la destrucción de la presunción de inocencia y en lugar que sea el Ministerio Público el que pruebe la ilicitud, son las personas o sociedades particulares las que tienen que probar lo lícito de su patrimonio.
Lo mismo sucede con el debido proceso que en el artículo 9 norma: «Permitiendo a la persona presentar pruebas. En cuanto a la no retroactividad de la ley, la misma queda destruida en el artículo 3, inciso a) «Nulidad Ab Initio». Adicionalmente, se mantuvo la presencia de la Vicepresidente y el premio al denunciante.
En síntesis, no se oyó y Mariano Rayo cumplió lo que dijo en Libre Encuentro: «Media vez logre los votos haré que pase la ley y las inconstitucionalidades que las peleen en la Corte».