El desastroso transporte público de nuestro paí­s es un negocio redondo para los propietarios de chatarras: vetustos buses de la década de los 80″s cobrando pasaje nominal de Q.1.00 pero real entre Q.3.00 y Q.5.00. Las unidades sin asientos, con llantas deplorables, sistemas de combustión y frenos que no reúnen condiciones de seguridad. Los mayores contaminantes en el paí­s; atrancando el tráfico a cualquier hora del dí­a pero un verdadero dolor de cabeza en las pico por la voracidad desencadenada por el pasaje; sin entrega de comprobante de pago lo que impide una fiscalización fidedigna, aparte de un trato a los usuarios abusivo y carente de toda humanidad. Sumado a eso, violencia en su interior desde carteristas hasta asaltos a mano armada que han añadido muertes y padecimiento a la población por enfermedades o secuelas de heridas. Cuando la población, que soportando estos vejámenes, explota, especialmente, cuando impune y abruptamente estos empresaurios deciden subirle a las tarifas o acortar las rutas, tiene que sufrir la represión de una policí­a que pareciera protegerles. A ellos se unen medios que se llenan de opiniones y discursos tanto del Estado como de columnistas y opinantes maquiavélicos que en un sincronizado coro denuncian que las genuinas protestas violan la libertad de locomoción de la gente. Hoy, ante el asesinato impune de decenas de pilotos y usuarios y éstos en una lógica clara deciden parar las unidades como señal de protesta y la gente se queda sin el consabido transporte, el Estado y esos columnistas callan cómplicemente ante esa clara violación de la libertad de locomoción del pueblo que se queda sin transporte. Llegan tarde a sus trabajos donde les restan salario o simplemente los despiden.

¿Qué habrá tras la indiferencia del Estado que no ha querido solucionar este problema añejo? ¿A quienes protege?