Esta mañana, en la reunión para planificar la jornada, la reportera que cubre la fuente relacionada con el sistema de justicia hizo ver que tiene información de que no hay ningún proceso iniciado tras la vigencia de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, conocida como Ley Anticorrupción. Y la verdad es que no causa ninguna sorpresa, puesto que igual que con las leyes de tránsito, si nos atenemos a la cantidad de procesos iniciados contra infractores, veremos que Guatemala parece un paraíso en donde nadie merece ser procesado por violar alguna de las numerosas normas vigentes en nuestra legislación.

Durante años se discutió el tema del enriquecimiento ilícito y la necesidad de tipificar como delito todo lo que gira alrededor de la corrupción, el tráfico de influencias y la forma en que funcionarios y particulares amasan fortuna jineteando los recursos públicos. A regañadientes, pero también a sabiendas de que la ley no tiene la menor importancia, el Congreso terminó aprobando la ley que puede no ser el instrumento ideal, pero que contiene suficientes elementos como para permitir que una autoridad verdaderamente competente pueda seguir la pista del dinero mal habido y concretar la extinción de dominio de lo que es producto de la corrupción.

 En todo el tema de los delitos administrativos y de corrupción, la anterior administración del Ministerio Público justificó su falta de acción en la ausencia de personal técnico calificado para realizar investigaciones sobre sofisticados negocios en los que una de las mayores preocupaciones es borrar las huellas. Pero sucede que aunque se borren huellas, el dinero mal habido existe y tarde o temprano es gastado por los que lo obtuvieron y por lo tanto, en ese caso, no puede haber crimen perfecto porque tarde o temprano el corrupto hará uso de la plata que se clavó. Y eso incluye no sólo al funcionario que salta del petate al Cadillac, sino también al empresario que salta de la Land Cruiser al jet privado.
 
 Por otro lado, tenemos una Contraloría de Cuentas, obligada constitucionalmente a auditar todas las cuentas del Estado, que se hace de la vista gorda de los grandes trinquetes y se entretiene con asuntos de poca monta y funcionarios menores. A lo sumo uno que otro Alcalde que verdaderamente se sale del guacal y hace las cosas a lo bruto, es objeto de la fiscalización que debiera ser efectiva en todas las instancias. Pero los grandes negocios, que pueden ir desde una concesión portuaria disfrazada de usufructo hasta la componenda con una empresa argentina para pasarle el negocio del cobro de los impuestos, eso no se nota en el débil y deficiente radar de la Contraloría.
 
 De suerte que por fuerte que sea la denuncia pública y evidente que sea el enriquecimiento no sólo ilícito sino abusivo y descarado de tanto largo que se harta con los fondos públicos, aquí legalmente no ocurre nada. La ley es otra más para pasarse por el arco del triunfo porque los ladrones andan más tranquilos que los motoristas que circulan entre carro y carro como si nada.