La perversión de la figura jurídica del fideicomiso para encubrir la corrupción y malos manejos con los fondos públicos es una realidad que reconoce cualquiera con dos dedos de frente. Sin embargo, y pese a las evidencias y certeza, la iniciativa del Gobierno es para legalizarlos y consagrarlos como instrumento para el manejo de los recursos del Estado, lo cual no deja de ser una cruel paradoja cuando se acaba de aprobar una reforma fiscal que dotará al fisco de mayores ingresos y se supone que ello era a cambio de mayor transparencia.

El problema de fondo con los fideicomisos no es explicado correctamente y eso también es corrupción. Sucede que hay varios bancos que se verían en serios problemas para mantener su encaje el día que se decidiera acabar con los fideicomisos públicos porque es ese dinero el que les permite cumplir con los requisitos de reserva financiera que establece la ley. En un tiempo en el que se habla tanto de transparencia, lo menos que debiera de explicarse claramente a la población es que la corrupción pública es la que permite la sanidad de nuestro sistema financiero y que tenemos que apañar la podredumbre y “legalizarla” para evitar el colapso de algunas entidades bancarias.
 
 Cuando el Presidente habló de la despenalización del consumo y venta de las drogas, muchos pegaron el grito en el cielo pero no hacen lo mismo cuando se presenta una iniciativa de ley en el Congreso de la República que despenaliza la corrupción al institucionalizar una de sus peores y más oscuras formas como son esos fideicomisos en mala hora pervertidos. Porque repito que se trata de una institución diseñada, precisamente, para que funcione como parte del derecho privado porque en esas condiciones quien constituye un fideicomiso y los beneficiarios se convierten en contralores del papel del fiduciario, pero en el caso de los fideicomisos públicos no sólo no existe ese sistema de peso y contrapeso, sino que, también, se instituyeron precisamente para burlar las leyes que tibiamente pretenden controlar la corrupción, entre ellas la de compras y contrataciones del Estado.
 
 En la iniciativa del Gobierno, por ejemplo, no hay ninguna disposición para acabar con el uso de fideicomisos para el pago de sueldos a amigos y parientes de los funcionarios sin rendirle cuentas a nadie. ¿Quién no sabe de los jugosos salarios que salen de los fondos fideicometidos y que se traducen en compadrazgo precisamente porque allí hay un modelito para pagar cantidades exorbitantes?
 
 Escarbando en la propuesta no ve uno ninguna norma que le ponga fin a esa práctica corrupta mediante la cual hay salarios de ochenta mil quetzales y más que se pagan como si fueran producto de una inversión privada porque se manejan, precisamente, en el marco de una institución regulada por el Código de Comercio.
 
 Pero volviendo al fondo de la cuestión, hay que decir que lo que fue una maniobra llena de maña para evadir los controles de la fiscalización, se convirtió, además, en un jugoso negocio para ciertas entidades financieras que usan esos recursos comprometidos en fideicomisos para cumplir con los requisitos de encaje bancario y que sin la inyección de fondos públicos se verían en serios problemas.
 
 El eterno secreto que se mantiene sobre el sistema financiero, no sólo en Guatemala sino en muchos lugares del mundo bajo el argumento de que no hay que provocar miedos que puedan traducirse en estampida de clientes, es causa de manejos como los que en su momento hicieron tronar a Wall Street, no digamos lo que puede ocurrir en otros lugares donde hay mucha mayor laxitud.
 
 Si quieren defender a capa y espada los fideicomisos, por lo menos que nos hablen claro y digan por qué.