Se aprobó después de 18 meses de discusión y consensos en el Congreso de la República la nueva ley llamada popularmente “Contra el Robo de Celulares”. Siempre me he mostrado contrario a esta legislación porque me parece que una vez más desperdiciamos recursos y tiempo en ir por las ramas del problema y no por las raíces.

Además del gravísimo hecho de despojar a un individuo de los bienes, cualesquiera que sean, que legítimamente le pertenecen,  lo que a todos nos para el pelo es el agravante de la violencia con la que operan los ladrones de teléfonos llegando a causar daños graves a la integridad de las personas y en muchos casos incluso la muerte por el bendito celular.  Es en estos hechos en los que nos tenemos que concentrar para mejorar nuestro sistema legal de tal manera que algún día podamos vivir en relativa paz a consecuencia de la certeza de justicia que hoy por hoy brilla por su ausencia.

Que quede claro entonces que comparto la preocupación de millones de guatemaltecos que no podemos circular en las calles de nuestro país sin estar viendo sobre el hombro a cada segundo como esperando el acecho de los malhechores.  De hecho cuento entre los miles que han sido asaltados en más de una oportunidad con pistola a la cabeza y no paso dos días seguidos sin ver a estos sinvergüenzas circulando con toda tranquilidad a bordo de sus motocicletas.  Pero no por eso estoy de acuerdo con la ley porque esta no sirve de nada si la otra parte investigativa, judicial y condenatoria sigue como hasta ahora.  Existen estudios serios que calculan actualmente que diariamente se roban arriba de 300 aparatos telefónicos, hechos que en su gran mayoría quedan totalmente impunes, tan impunes que prácticamente no existe denuncia ante la desilusión de los resultados.

Existen delitos tipificados en nuestro Código Penal que son muchísimo más graves y con altísimas penas,  incluso la pena de muerte,  que no hemos podido frenar precisamente porque nuestro aparato judicial está desbaratado, podrido en la corrupción y en la ineptitud del funcionario que encuentra en el mismo sistema salidas fáciles para justificar sus errores y omisiones. A pesar de las severas penas por asesinato, por ejemplo, leemos con terror que diariamente mueren 17 personas en hechos de violencia. La razón es sencilla, en esta tierra de nadie no existen consecuencias por los actos y cuando no existen consecuencias, cometer los actos se vuelve barato, una cosa del diario vivir que frustra el principal sentido de nuestro Estado mismo. La solución no está en prohibir las armas, ni restringir el uso de las motocicletas o ponernos chalecos de color para conducirlas, menos en registrar los bienes que nos pertenecen, porque ya hemos visto con tristeza que a pesar de que existe registro de vehículos y de inmuebles esto no impide que en nuestro fracasado sistema de justicia se roben casas, carros sueldos y puntos.  Otro ejemplo válido es el registro de operaciones financieras que tiene un gigantesco costo administrativo para todos los usuarios de las entidades financieras del país y para las entidades mismas en la inútil IVE.  Después de años de aplicar con rigor las directrices de esta intendencia los aciertos en tema del lavado dan ganas de llorar.

Debemos de invertir en más y mejores policías, más y mejores jueces, mejores sistemas en las comisiones de postulación para las judicaturas superiores, más y mejores investigadores, más y mejores fiscales,  reformas legales que corrijan el actuar de estos funcionarios.  Aquí está y ha estado siempre el problema, estas son las raíces.