En La Hora jamás pretenderemos que el Presidente de la República viaje al exterior en condiciones indecorosas no acordes con la investidura que ostenta y entendemos que un mandatario no puede hospedarse en oscuros moteles ni desplazarse en taxi en las ciudades que visita. También entendemos que es correcto que si utiliza una línea aérea comercial viaje en primera clase y que, por supuesto, pueda comer en conocidos restaurantes y no hot dog de carretilla en alguna banqueta.
Pero una cosa es entender cuestiones que van implícitas con la dignidad del cargo y otra permitir que los gastos de viaje se mantengan en secreto, porque si viaja en representación de los guatemaltecos y con dinero de los contribuyentes, es natural que exista también la obligación de transparentar los gastos para que podamos establecer siempre una relación de costo-beneficio luego de conocer los informes de cada uno de los periplos presidenciales y, sobre todo, lo que se gasta en la comitiva que acompaña al jefe del Ejecutivo. Creemos que la transparencia es indispensable en cualquier circunstancia, pero más aún cuando el gobierno está promoviendo acciones políticas para aprobar una reforma fiscal que pretende elevar los ingresos por la vía tributaria. Y es que en realidad los guatemaltecos tenemos que aprender a reclamar la rendición de cuentas porque es la única manera en que podremos ir combatiendo cualquier asomo de corrupción. En la medida en que sepamos cuánto gasta el Presidente en cada viaje y cuánto nos cuesta cada acompañante, se tendrá que tener más cuidado con la integración de las comitivas para racionalizar los gastos. Que conste que tampoco pretendemos que el Presidente de la República viaje en solitario al extranjero y entendemos que dependiendo de la naturaleza de la misión deberá llevar ministros o secretarios que le puedan asistir, aunque por supuesto no en las condiciones que impuso el Presidente de la Corte en su viaje a Brasil, sino en el mejor sentido del término. Con decir que hasta el mismo vocero de la Presidencia se mostró sorprendido por el secreto está dicho todo, porque la verdad es que no hace falta mucha elucubración para asumir que esos datos son de interés público y que caen dentro de lo que norma la Ley de Acceso a la Información, misma que en vez de facilitar el flujo informativo se ha convertido en pretexto porque los funcionarios la esgrimen para pedir que se llenen mil y un requisitos en la solicitud sencilla de los datos que ayudarían a transparentar el manejo de la cosa pública.