Cuando las bancadas del Congreso de la República se ponen de acuerdo para no alborotar más las aguas y no hacer preguntas a los funcionarios por el caso de la desaparición de 82 millones de quetzales, están tomando el rumbo equivocado para salir del atolladero en que se encuentran metidos. Porque la componenda para «apachar el clavo» como decimos corrientemente, no hace sino evidenciar que sigue la tendencia sempiterna de estirar la misma chamarra para que todos se tapen con ella, en vez de proceder a una honesta decisión en busca del esclarecimiento de los hechos y de que todos los responsables paguen por sus actos, terminando así con la impunidad.
Pareciera como si el espíritu de cuerpo hace que los diputados cierren filas y que ante la andanada de la sociedad que está reclamando alguna forma de depuración, no atinan sino a defenderse con un espíritu solidario que no hace distingos entre buenos y malos, entre honestos y pícaros, porque al final de cuentas pareciera como si para ellos lo único importante es preservar sus privilegios y prebendas, aunque tenga que hacerse con base en componendas entre bancadas que no tienden a eliminar los motivos de escándalo, sino simplemente a ocultarlos.
Creemos que el Congreso tiene que entender que para salir de la crisis en que lo metieron algunos de sus miembros debe proceder con una agenda de transparencia y de eficiencia que demuestre a la población que sus diputados están en realidad empeñados en legitimar su representación popular con hechos y no con palabras. Pero en vez de ello, se observa que en cuestiones puntuales no hay el menor interés por actuar, como podría ser la implementación de un régimen de penas draconianas en contra de los corruptos y legislación que tipifique adecuadamente los delitos de corrupción.
En ese campo no tenemos que recurrir al derecho comparado porque en Guatemala tenemos tantas muestras claras y categóricas de cómo roban los políticos, sea burdamente con el «cajonazo» o elegantemente con el «fino negocio» que bastaría ir a la hemeroteca para que un buen penalista pueda hacer un listado tipificando distintas formas de enriquecimiento ilícito al amparo del poder público.
En vez de eso, ni siquiera por complejo de culpa quieren aprobar la ley de acceso a la información que no será panacea para desentrañar las asquerosidades de la administración pública, pero a la que temen los que tienen enormes colas machucadas. Por ello decimos que ante la presión popular adversa al Congreso, que se siente y palpita por el país, los diputados están cerrando filas y caminando por la senda equivocada.