Históricamente, las mujeres guatemaltecas han sido discriminadas y se les ha vedado la oportunidad de estar presentes en la toma de decisiones. La cultura machista que prevalece en Guatemala, la falta de oportunidades de desarrollo integral, la violencia y el que se les vea como las únicas responsables del cuidado de la familia, son algunos de los factores que debilitan su participación pública.

De acuerdo con los datos del último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadí­stica, las mujeres constituyen el 51 por ciento de la población guatemalteca. Sin embargo, se encuentran en situación de desventaja frente al otro 49 por ciento de la población, que son los hombres.

Para Carmen López de Cáceres, de la Convergencia Cí­vico Polí­tica de Mujeres, algunas de las razones de esta situación de desigualdad, pueden hallarse en cuestiones culturales y en la institucionalidad del patriarcado en todas las sociedades, en donde se desvaloriza a las mujeres. «Principalmente, las mujeres no hemos logrado estar en al ámbito público, es decir, en la polí­tica», aseguró López.

La discriminación y el sometimiento de las mujeres, tienen fuertes repercusiones en la vida pública y privada de las guatemaltecas. En el trabajo, por ejemplo, las mujeres reciben, en muchas ocasiones, menor salario que los hombres, por un mismo empleo. «Además estamos sobrecargadas de tiempo. Muchas veces, las mujeres, además de tener su trabajo remunerado, tiene otro sin paga dentro de casa, lo que constituye una doble jornada» insistió López. «Los hombres y la demás familia no asumen la corresponsabilidad del trabajo en el hogar», agregó.

Otro flagelo que se afronta, es la violencia contra las mujeres que ha ido en aumento en el paí­s. Según datos del Sector de Mujeres, entre enero y julio de este año, 315 mujeres fueron asesinadas. En la mayorí­a de los casos, sus cuerpos presentaban señales de tortura y violación. Pese a la inseguridad y al recrudecimiento de la violencia, las instituciones del Estado encargadas de brindar seguridad y justicia, no han logrado dar respuesta a estos vejámenes. Menos del 1% de los casos de feminicidio han sido llevados a juicio.

Sandra Morán, activista del Sector de Mujeres, aseguró que una de las principales repercusiones sociales de la violencia contra la mujer se debe a que el Gobierno y el Congreso no respondieron a las demandas: «Se sigue asesinando a mujeres, pero no solamente es eso, sino que la violencia contra las mujeres está presente desde el ámbito doméstico hasta el público», subrayó Morán.

La poca participación polí­tica, la desigualdad económica y la falta acceso a las oportunidades de desarrollo para las mujeres, son algunos de los temas que deberí­an estar presentes en las agendas polí­ticas de las diferentes agrupaciones que participan en este proceso electoral. Sin embargo, como lo señala la socióloga Ana Silvia Mozón, los partidos polí­ticos presentan la misma estructura patriarcal, por lo que poco pueden ofrecer para mejorar la situación de las mujeres. «Realmente hemos escuchado muy poco de un planteamiento que contenga la equidad de género. Me parece que los partidos polí­ticos tienen un desconocimiento de la situación y condición de las mujeres», indicó Monzón.

Existen varias propuestas impulsadas desde varios sociales para alcanzar la equidad de género, la seguridad y el desarrollo integral para las mujeres. De acuerdo con Luz Méndez, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG, lo más importante es fortalecer a las instituciones del Estado creadas especí­ficamente para atender a la población femenina.

«Mientras no haya un compromiso a largo plazo, la situación va a continuar como hasta ahora o peor, porque la falta de oportunidades y de espacios de decisión de las mujeres tiene grandes limitaciones», comentó Ana Silvia Monzón. Una de las propuestas que con mayor fuerza se ha impulsado, a lo largo de las últimas décadas, es la participación de las mujeres a todos los niveles, con el fin de promover una agenda polí­tica nacional que revierta la situación de exclusión y desigualdad.

Para Luz Méndez, además de la reforma del Estado, son necesarios cambios profundos en las prácticas culturales del paí­s que tienen rasgos machistas y discriminatorios.

«Lo que necesitamos es avanzar para el efectivo cumplimiento de lo que hemos ganado, es decir que las polí­ticas y las leyes se pongan en práctica», afirmó Méndez. «Al mismo tiempo necesitamos transformar las ideas prevalecientes en la sociedad, y las normas culturales, esas leyes no escritas que están en la costumbre y que nos asignan a las mujeres un papel que dificulta el ejercicio de los derechos», puntualizó.