Las imprudencias y equivocaciones que varios gobiernos han cometido, la innecesaria suscripción de un acuerdo entre cancillerí­as bajo la pretensión de dirimir el reclamo territorial, insular y marí­timo existente entre Belice y Guatemala ha hecho que el Organismo Ejecutivo enví­e al Congreso para que éste apruebe o no una consulta popular, onerosa, legalmente cuestionable, que implica anticipadamente la aceptación de una resolución indeterminada de la Corte Internacional de Justicia que perfectamente podrí­a ser la pérdida definitiva y obligatoria del territorio en disputa. 

A los diputados se les ha dado como un honor la denominación de «padres de la patria». ¿Qué padre de la patria está dispuesto cuando, no está obligado a resolver, que se haga esa consulta y se plantee esa pregunta?, ¿Cuál será la posición del polí­tico que ha escogido por nombre «Partido Patriota», especialmente si esa denominación, como lo indica el diccionario de la Real Academia Española, es «persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien», o es que la acepción a aplicar no es esa, sino la que también indica el diccionario: «plátano maduro».

Aclaro que no puedo pensar o aceptar que alguien que vistió durante tantos años el uniforme del Ejército de Guatemala pueda apoyar, pueda concebir semejante e innecesario riesgo y pasar a la historia, con sus diputados, como alguien que propició la enorme pérdida de territorio, de acceso insular y marí­timo al Atlántico para Guatemala.

 El bloque lí­der, encabezado por un petenero, no debe arriesgar que en el futuro no se recupere, si no la totalidad, por lo menos la mitad del territorio en disputa.

 Tampoco me parece viable que los diputados del bloque de la UNE puedan votar por una medida que contradice su denominación, porque en lugar de unirnos nos desunirí­a de lo que legí­timamente le corresponde a los guatemaltecos presentes y futuros.

 Más difí­cil aún serí­a pensar que el FRG contradijese su sentimiento «guatemalteco» y permitiera que el error de la Cancillerí­a se consolidara, al aprobarse la consulta de una pregunta que indudablemente induce al error, al innecesario riesgo de someter a la Corte Internacional de Justicia la decisión de dirimir algo que no estamos obligados a someter a su competencia.

 Cómo quedarí­an históricamente cada uno de los 158 diputados, cómo podrí­an volver a sus distritos, cómo podrí­an explicar a sus esposas, a sus padres, a sus hijos, a sus nietos y a sus electores el haber incurrido en semejante error. Si volvemos a la historia, mirarí­amos a Francisco Morazán, a Justo Rufino Barrios que con todo derecho nos emplazarí­an y preguntarí­an a los diputados porqué permiten el riesgo innecesario de cercenar lo que histórica y polí­ticamente no puede perderse.

 El riesgo de perder un claro y libre acceso al mar Atlántico tiene enormes implicaciones, es polí­tica, económica y socialmente graví­simo e inaceptable. Los diputados deben recordar a Leonidas, quien prefirió morir que permitir que los persas arrasaran a Esparta. Quien vote a favor de la consulta merecerá el baldón eterno.