En la lucha contra la impunidad Guatemala vive un momento especial porque tenemos que romper el molde de criterios que favorecen el sicariato y la implementación de acciones violentas en nombre de la justicia. Las ejecuciones extrajudiciales, la existencia de escuadrones de la muerte y los linchamientos son prácticas totalmente inaceptables que no pueden ni siquiera por asomo confundirse con aplicación de justicia y por ello no queremos siquiera decir que se trata de hechos en los que se busca aplicar justicia por propia mano porque eso no es justicia.
Precisamente las fallas en la administración de justicia son las que parecieran apoyar esas prácticas criminales que riñen con el estado de derecho y el régimen de legalidad, no sólo porque no respetan ni siquiera la presunción de inocencia, sino que provocan daños irreparables que riñen con la noción de la dignidad misma del ser humano.
En La Hora siempre hemos sido categóricos al condenar esas prácticas y al clamar por el imperio de la ley y la correcta administración de la justicia, que tiene que ser pronta y cumplida para no frustrar al ciudadano que pierde la fe en sus instituciones y cae en funestas tentaciones al pensar que las fallas estructurales se subsanan con el proceder arbitrario del individuo que cree tener el poder de imponer castigos a quienes considera como criminales.
Entendemos, por supuesto, que así como reclamamos la presunción de inocencia cuando grupos al margen de la ley se deciden a ejecutar a los acusados de la comisión de algún delito, también tenemos la obligación de honrar ese principio cuando se juzga a los que son señalados de actuar al margen de la ley en ese totalmente erróneo concepto de justicia por propia mano, pero sí creemos que tienen que ser sometidos a proceso para deducir responsabilidades porque así lo demanda la construcción del estado de derecho y la lucha contra la impunidad. Quienes creemos que la impunidad es uno de los peores males que sufre la sociedad guatemalteca, porque la misma es un aliciente para la violencia, tenemos que cerrar filas en contra de prácticas que prostituyen a la sociedad y la vuelven salvaje porque no puede afianzarse la pacífica convivencia sin el respeto absoluto a las normas vigentes.
Habrá discusiones serias y profundas sobre el papel de las autoridades en el control del crimen y el trato a los delincuentes ya condenados, como en el caso Pavón, y no se valen falacias ni argucias para justificar algún acto reñido con la ley porque la obligación de los ciudadanos es apuntalar a como dé lugar el auténtico estado de derecho.