En los artículos anteriores, abordé de manera frontal el caso del Instituto Técnico Vocacional «Dr. Imrich Fischmann» ubicado en la zona 13 de esta ciudad; y al desvelar algunos de sus más importantes problemas, he tratado de contribuir a su reencauze al sistema educativo, entendiendo lo anterior desde el punto de vista conductual de catedráticos, Instructores de Taller y alumnos/as.
La problemática más aguda data de unos cinco años atrás, con raíces de hace muchos años atrás; por lo que es muy difícil cortar de tajo las conductas inapropiadas de los actores educativos en dicho plantel; sin embargo… he visto la forma en que la actual Directora Departamental de Educación del Departamento de Guatemala, licenciada Aura Marina Medrano de Tobías, abordó este problema, y con un seguimiento metódico, parece ser que está por resolverse; lo cual sentaría un precedente en el ámbito educativo del país.
La normativa jurídica que ampara las actuaciones de la Dirección Departamental de Educación de Guatemala, está contenida en la Constitución Política de la República de Guatemala; la Ley de Educación Nacional y el Reglamento Interno del Instituto Técnico Vocacional; lo que fundamenta y ampara el actuar oficial de la autoridad magisterial.
Es lamentable que en la mayoría de los centros educativos del país, en el nivel de educación primaria y en los ciclos básico y diversificado, existan problemas generados por la ambición de algunos maestros/as y catedráticos, Instructores de Taller, Profesores Auxiliares, Subdirectores y Directores de plantel y también algunos/as Supervisores/as educativos, que se aprovechan de la necesidad de estudio de los alumnos para exigir cuotas no autorizadas y realizar negocios que les producen redituables ganancias.
Algunos de estos negocios son: 1) pago por derecho a examen de «admisión»; 2) venta de uniformes de uso diario; 3) venta de uniformes de educación física; 4) venta de pants; 5) venta de overoles y batas de trabajo para los talleres; 6) venta de calcetas «especiales»; 7) venta de calzado; 8) venta de chumpas de promoción; 9) venta de trajes de graduación; 10) venta de trajes de práctica; 11) cobro por exámenes extraordinarios y de recuperación 12) cobro por «clases particulares»; 13) cobro por asistencias «obligatorias» al teatro; 14) pago obligatorio para realizar «kermeses»; 15) pago excesivo de cuota de clausura; 16) venta de textos no autorizados por el Ministerio de Educación; y otros más.
Las nuevas autoridades educativas a nivel ministerial tienen un reto de suyo importantísimo para sanear los centros educativos del país, presentando las denuncias correspondientes al Ministerio Público para su investigación y posterior procesamiento penal. Ya basta de tanta exacción ilegal a los/as alumnos/as y padres y madres de familia de las escuelas e institutos nacionales.