Los discursos podrán ser muy bonitos, estar bien redactados hasta lograr arrancar aplausos espontáneos o los serviles de siempre. Pero el pueblo está cansado de oír sólo aquellos que no se cumplen. Recopilar las promesas expresadas por don ílvaro Colom a lo largo de su extensa campaña para llegar por fin a la presidencia me llevaría mucho tiempo y contrariamente, muy poco basta para demostrar su incumplimiento. Para probar lo anterior, me refiero sólo a una promesa, de tantas formuladas. ¿Se acuerdan cuando dijo que aplicaría estrictamente la ley para manejar los fondos públicos o lo que es lo mismo, transparentar las compras de productos y servicios para el Estado?
La historia dice lo contrario y para demostrarlo basta sólo una prueba: entérense estimados lectores (página 3 de la edición del Diario La Hora del 29 de mayo de 2009) de las recientes declaraciones del Contralor General de Cuentas con motivo de la entrega de su informe anual sobre el ejercicio del 2008. Dijo claramente: «se siguen efectuando malas prácticas; se siguen violentando procedimientos administrativos y financieros; se sigue desatendiendo en muchos aspectos la Ley de Contrataciones del Estado»; peor todavía, cuando reconoció que tiene dificultades para fiscalizar el gasto público cuando se utilizan las figuras de las ONG y los fideicomisos.
Podrán entonces sonar preciosas las palabras presidenciales al jurar fidelidad a la Constitución y podrá resultar fascinante oír su llamamiento a combatir la impunidad. Pero ¿A estas alturas habrá alguien que sin tener mezquinos intereses asegure que lo que dice es cierto? ¿Por qué insisto en decirlo? Porque aun sabiendo que estamos en una seria y profunda crisis económica, como de largo plazo y que para cubrir nuestras prioritarias carencias necesitamos de muchísimos millones de quetzales que no tenemos, ¿cómo cree el presidente Colom que la población habrá recibido la noticia de que al llegar al país el presidente Lula de Brasil, concretará la compra de seis aviones de ataque y un sistema de seguridad para la aeronavegación por 99 millones de dólares? Por supuesto, sin que haya licitación, cotización y sin cumplir los demás requisitos que exige la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Con tristeza, confieso que formo parte del grupo cada vez más grande, que día tras día nos hacemos la misma pregunta: ¿Desde cuándo sin el consentimiento popular se cambió la forma de hacer gobierno como de lograr el bien común, sino sólo por medio de formular, transar y cerrar negocios, hacer grandes campañas propagandísticas, montar shows y demagogia? ¿No es eso lo que vemos a diario, cuando la monstruosa administración pública vive adquiriendo vehículos, medicinas, equipos, aviones, fertilizantes, construyendo carreteras, hospitales, fijando precios de productos o servicios populares y tanta cosa insustancial que se le ocurre hacer a nuestros mandatarios?