La captura de Miguel íngel García, alias el Duende, fue anunciada por las autoridades como una muestra de la celeridad para esclarecer un espantoso crimen perpetrado en contra de siete personas en el fin de semana. Con extraordinaria diligencia, elementos de la PNC capturaron al pandillero y el mismo Presidente de la República informó del hecho a la población para demostrar que hay una nueva actitud de las fuerzas del orden y que delitos como ese no quedarían impunes.
Pero antes de lo que canta un gallo, literalmente hablando, el acusado quedó libre por falta de pruebas en su contra y está ya en la calle porque el órgano jurisdiccional ejecutó de inmediato la liberación del detenido. El caso constituye una muestra más de cuán difícil es la tarea de proporcionar seguridad a la ciudadanía cuando no tenemos instrumentos idóneos de investigación. Según versiones, el juzgado que conoció el proceso informó que fue la misma Fiscal del Ministerio Público encargada de formular la acusación quien pidió la libertad del detenido por carecer de elementos probatorios.
La Policía Nacional Civil, cuando informó de la captura, dijo que testigos habían señalado al marero conocido como el Duende de ser el responsable de la masacre. En otras palabras, hubo declaraciones testimoniales que, de haber sido obtenidas por la fiscalía, hubieran permitido mantener en prisión al pandillero para avanzar en la investigación, pero la fiscalía en este caso hizo lo que hace muy corrientemente, es decir, archivar el caso de entrada sin tomarse siquiera la molestia de indagar en absoluto, no obstante el alto impacto del crimen y que el mismo Presidente de la República había anunciado la eficaz acción de la Policía Nacional Civil.
Quizás este caso nos pueda servir para empezar a sacudir algunas estructuras que están para el tigre. Porque es obvio que dejaron en entredicho al Presidente y debiera ahora el ingeniero Colom hablar con el mismo Fiscal General para pedir explicaciones y averiguar cómo es posible que sin mayores consideraciones, una fiscalía disponga pedir la libertad de un procesado porque no movió un dedo para hacer la menor investigación. El trabajo que hizo la Policía quedó totalmente desvirtuado y es natural que pensemos que hasta los más profesionales y eficientes de los miembros de la PNC se tienen que sentir literalmente frustrados cuando ven que sus esfuerzos terminan en la incapacidad manifiesta del Ministerio Público.
El caso es una nueva vergí¼enza para el sistema de la seguridad ciudadana en el país, porque evidencia que de nada sirve que se acelere el trabajo policial de investigación si seguimos teniendo un Ministerio Público que de entrada prefiere renunciar al cumplimiento de su deber y lo hace sin empacho, sin sufrir ningún rubor a pesar de la magnitud del crimen que se niegan a investigar.