Nuevamente los guatemaltecos estamos frente a una terrible noticia tras la muerte de 54 pasajeros de un bus extraurbano que se embarrancó por imprudencia del piloto. En honor a la verdad no se puede hablar de un accidente, porque accidente significa que un suceso es «eventual» y que «involuntariamente causa daño a las personas o a las cosas», pero frente a la actitud irresponsable de los conductores del transporte público en Guatemala, no estamos en realidad ante hechos eventuales, sino frente a la constante repetición de un riesgo que cada vez se vuelve más cierto, como lo es jugarse la vida cotidianamente en el servicio de transporte público.
Por si no fuera suficiente la acción criminal de los delincuentes que han dado en asaltar a mano armada, matando con sangre fría muchas veces, a los pasajeros de los buses, seguimos arrastrando una absoluta ausencia de controles que permite a cualquier asesino en potencia empuñar el timón de un bus colectivo, poniendo en riesgo a los usuarios del servicio. Todos los días pueden verse en todas y cada una de las carreteras del país autobuses sobrecargados que transitan a toda velocidad sin que autoridad alguna haga algo para imponer orden. Rebasando en curva, arrinconando a otros vehículos y excediéndose por mucho de los límites de velocidad, el riesgo es permanente y lo accidental, en verdad, es que no choquen.
Por ello, en nombre de esas 54 víctimas fatales del último accidente, exigimos a las autoridades que desempeñen un papel activo frente a esta situación. Urge modificar la ley de tránsito para establecer la penalización por infracciones hasta llegar a la suspensión o retiro definitivo de la licencia de conducir, como ocurre en otros países que han tenido que endurecer sus normas para salvar vidas.
Desde el surgimiento de las policías municipales de tránsito hay un caos y enormes extensiones del territorio nacional que son tierra de nadie, donde los pilotos hacen lo que les viene en gana y pueden mostrar su absoluto desprecio por la vida humana. Uno piensa que sólo bajo el efecto de drogas o de alcohol podría entenderse que esos individuos jueguen hasta con su propia vida como lo hacen, puesto que resulta difícil entender que alguien en pleno uso de sus facultades actúe de manera tan irresponsable sabiendo que puede perder la vida.
Párrafo aparte merece el estado calamitoso de nuestra red hospitalaria que impide acciones para salvar vidas cuando ocurren accidentes de este tipo porque las emergencias colapsan cuando hay una demanda masiva. Pero atender el problema hospitalario es quedarnos, si se hiciera, en el plano de decir «Jesús» tras el trueno, cuando lo que necesitamos es una labor de prevención que convierta esos percances en verdaderos accidentes, es decir, en algo eventual e inevitable por condiciones fuera de control.
El Estado, sin embargo, tiene poder y autoridad para ejercer control y ordenar el tránsito y si no lo hace es porque hay una irresponsabilidad manifiesta que debe superarse pronto. El Congreso es el primer llamado a normar con carácter urgente el tránsito con leyes más eficaces que las actuales y creando un ente que se encargue de controlar la calidad de quienes se dedican a conducir vehículos que transportan pasajeros en servicio público, a efecto de impedir que irresponsables, ebrios o drogadictos, sean quienes tengan la responsabilidad de llevar decenas de vidas en permanente riesgo. No podemos permitir más ese tipo de abusos en contra de la población y debemos ser exigentes para reclamar a las autoridades.